Más de 200 emprendedores que distribuyen agua potable en La Araucanía enfrentan deudas, embargos y riesgo de quiebra debido a seis meses de pagos atrasados del Estado, mientras proveedores denuncian falta de respuesta de la Delegación Presidencial.
El retraso en los pagos estatales a los camiones aljibe que distribuyen agua potable en distintas comunas de La Araucanía ha generado una situación crítica para más de 200 pequeños empresarios. Los pagos no se realizan desde hace seis meses, lo que ha provocado acumulación de deudas, embargos y riesgo de remate de vehículos, afectando la continuidad del suministro en sectores rurales.
Según el empresario de camiones aljibe Marco Rivas Varela, el problema se origina porque la Delegación Presidencial solicita distintas instancias para postular a la distribución de agua, como consulta al mercado, licitaciones y contratos directos, lo que ha generado retrasos importantes. “Es bien complejo esto, no se deben seis o siete meses, y para las personas que trabajan para los APR llevan más de un año sin pago. Ahora entendemos que caducan las facturas”, afirmó Rivas.
Don Marco también explicó cómo los retrasos de pagos afectan a los proveedores mediante el sistema de factoring: “Yo le hago un trabajo a la delegación, termino el mes y facturo. Como la delegación no tiene plata, vendo la factura a un factoring. Esa empresa cobra una comisión (aproximadamente $500.000 a $600.000 por mes) y me pasa el resto del dinero. Después de tres meses, si la delegación no paga, el factoring me vuelve a exigir el pago y se generan prórrogas. Cuando esto no se resuelve, se llega al sistema judicial, y ahí es cuando ocurren embargos, como le pasó a un proveedor que perdió tres camiones”.
Rivas añadió que ha intentado comunicarse en numerosas ocasiones con Gabriel Fuentealba, encargado del agua de la Delegación, sin recibir respuesta, generando un clima de incertidumbre entre los proveedores: “Ellos juegan con la necesidad del proveedor, por eso creo que están quebrando a todos. Los proveedores están asustados de que les rematen sus camiones. Entre 150 camiones estarían afectados”.
Por su parte, Francisco Carrasco, otro proveedor, relató: “Llevo facturas de más de un año y no hacen nada. Tuve que reunirme con un representante de Interfactor y aún así no sé cuándo pagará la gobernación. Con la plata que paguen no alcanzo a cubrir los intereses y tuve que recomprar la factura, lo que descoordina todas mis finanzas”.
En este contexto, el diputado Henry Leal, representante de La Araucanía, denunció públicamente la situación y anunció que solicitará citar al Ministro del Interior al Congreso para que entregue explicaciones y proponga soluciones inmediatas, alertando sobre la posible quiebra de más de 200 emprendedores que dependen de estos pagos.


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