La autoridad regional advirtió que, aunque los fallos judiciales se respetan, es necesario fortalecer la institucionalidad para evitar un debilitamiento del principio de autoridad en el sistema penitenciario. La decisión abre nuevamente el debate sobre los márgenes de acción de Gendarmería frente a internos condenados por delitos graves.
El seremi de Seguridad de La Araucanía, Israel Campusano, se refirió a la decisión de los tribunales que revocó medidas adoptadas por Gendarmería de Chile en el contexto de la huelga de hambre que mantienen comuneros mapuches condenados por delitos graves. Si bien el Gobierno afirmó acatar plenamente las resoluciones judiciales, Campusano planteó que este tipo de fallos puede impactar en la percepción de autoridad y en la gestión interna de los recintos penitenciarios.
La autoridad sostuvo que la huelga de hambre, aun siendo una acción individual, no puede contraponerse al principio de autoridad ni tensionar el orden carcelario. En ese sentido, recalcó que las medidas aplicadas por Gendarmería responden a criterios técnicos y de seguridad. La revocación judicial, sin embargo, deja en evidencia una fricción persistente entre las decisiones administrativas del sistema penitenciario y la interpretación de los tribunales, lo que vuelve a instalar cuestionamientos sobre los límites de acción frente a internos condenados por delitos de alta gravedad.
Campusano también emplazó al Congreso a revisar el marco normativo vigente si existen discrepancias con el actuar institucional. A su juicio, la percepción de inseguridad no solo se relaciona con hechos violentos, sino con la falta de herramientas legales para abordar problemáticas cotidianas como el consumo de alcohol en la vía pública o el comercio ambulante ilegal. En ese contexto, insistió en que el respeto a los fallos es incuestionable, pero advirtió que no puede traducirse en un debilitamiento del principio de autoridad ni en señales ambiguas frente al cumplimiento efectivo de condenas.
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