Robo de cables de cobre deja a más de 100.000 personas sin servicios en La Araucanía: cifras y pérdidas alarman

El robo de cables de cobre se ha multiplicado en 2025, afectando electricidad, internet y telefonía en zonas rurales de La Araucanía. La Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados busca fortalecer la legislación para frenar este delito de alto impacto.

El robo de cables de cobre se ha convertido en un problema crítico para la infraestructura de La Araucanía y de Chile en general. Según cifras de empresas de energía, solo en la región se han sustraído más de 165.000 metros de cable, principalmente en comunas rurales como Los Sauces, Purén, Traiguén y Angol, afectando a más de 100.000 clientes.

A nivel nacional, el primer semestre de 2025 registró más de 700 episodios de robo de cables, cuadruplicando los hechos reportados en el mismo período de 2024. Este delito ha dejado a millones de personas sin servicios esenciales, como electricidad, internet y telefonía, y genera pérdidas económicas estimadas en más de 2 millones de dólares, sin contar los daños adicionales a la infraestructura.

El precio del cobre, en torno a $7.600 CLP por kilo en el mercado local de reciclaje, convierte este delito en un negocio altamente lucrativo para bandas criminales, que se aprovechan de la alta demanda del metal y la dificultad de controlar su transporte y comercialización.

El diputado Jorge Saffirio, integrante de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, señaló que “esta comisión ha sido un espacio crucial para analizar políticas y estrategias que permitan enfrentar el robo de cables. Es fundamental investigar a fondo las causas y consecuencias de este fenómeno para proteger los intereses de la comunidad”.

La comisión continuará reuniendo antecedentes y evaluando medidas que fortalezcan la legislación vigente, aumenten las sanciones y desarticulen las redes que se benefician de este ilícito, en un contexto donde la seguridad y el acceso a servicios básicos son considerados derechos fundamentales de los ciudadanos.