La propuesta se instala como una señal de mano dura en seguridad pública y apunta a crear un registro para identificar a personas vinculadas a hechos de vandalismo, en una agenda donde el orden se impone como prioridad política.
El denominado Rol Único de Vándalos es una propuesta política que busca fichar, registrar y marcar a personas involucradas en hechos de violencia y vandalismo, especialmente en contextos de desórdenes públicos. La idea se presenta como una herramienta de control y persecución penal, en línea con un discurso que pone el orden y la seguridad como ejes centrales.
El planteamiento apunta a crear un registro único y centralizado, que permita identificar rápidamente a personas consideradas reincidentes en actos vandálicos, facilitando el cruce de antecedentes entre policías y el sistema judicial. El objetivo declarado es endurecer la respuesta del Estado frente a hechos de violencia y evitar su reiteración.
Esta iniciativa se inserta en una agenda de seguridad de corte punitivo, donde el énfasis está puesto en el control, la identificación y la sanción, más que en el análisis de las causas sociales de la violencia. En ese marco, el concepto de “vándalo” se transforma en una categoría operativa, amplia y funcional a una política de mano dura.
Si bien la propuesta es presentada como una solución al desorden público, su formulación abre interrogantes sobre a quiénes se incluiría, bajo qué criterios y con qué límites. La falta de definiciones claras refuerza las críticas que advierten sobre un uso discrecional del registro y su eventual aplicación más allá de delitos graves.
Hasta ahora, el Rol Único de Vándalos no es una herramienta legal vigente, sino una idea en discusión, promovida desde sectores que plantean que el país requiere medidas excepcionales para recuperar el control del espacio público, incluso si ello implica relegar otros debates a un segundo plano.


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