Suspenden a funcionaria del Poder Judicial de Loncoche por compartir contenido sexual en redes sociales

La Corte de Apelaciones de Temuco sancionó a M.A.V, oficial tercero titular del Juzgado de Letras de Loncoche, con una suspensión de cuatro meses y goce de medio sueldo, además de abrir un cuaderno de remoción, por fotografiarse en dependencias del tribunal y difundir material erótico en redes sociales.

La Corte de Apelaciones de Temuco comunció la suspención por cuatro meses y con goce de medio sueldo a M.A.V, oficial tercero titular del Juzgado de Letras de Loncoche, en la región de La Araucanía. La sanción fue adoptada por el pleno del tribunal de alzada, que acogió la propuesta del fiscal judicial Juan Santana Soto, quien abrió un cuaderno de remoción en su contra.

La funcionaria fue sancionada por fotografiarse en dependencias del tribunal y compartir material erótico sexual en redes sociales públicas. Según la resolución, Arévalo infringió el principio de probidad administrativa al utilizar espacios institucionales para fines ajenos al servicio y de carácter sexual, evidenciando un uso indebido de recursos públicos y falta de lealtad al cargo. Además, se constató una afectación a la dignidad y prestigio del Poder Judicial.

Este caso ha generado preocupación en la comunidad judicial y en la opinión pública, ya que pone en evidencia la importancia de mantener altos estándares éticos y profesionales en el ámbito judicial. Se espera que la apertura del cuaderno de remoción permita esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

La Corte de Apelaciones de Temuco ha reiterado su compromiso con la probidad y la transparencia en el ejercicio de la función pública, y ha señalado que tomará las medidas necesarias para resguardar la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial.

Este incidente subraya la necesidad de reforzar la formación ética y profesional de los funcionarios judiciales, así como de implementar mecanismos de control y supervisión que garanticen el cumplimiento de los estándares requeridos.

La comunidad judicial y la sociedad en general esperan que este caso sirva como un precedente para prevenir situaciones similares en el futuro y para fortalecer la integridad del sistema judicial chileno.