Tren de Aragua bajo la lupa: diputadas exigen conocer magnitud de la explotación sexual vinculada al crimen organizado

Las parlamentarias Flor Contreras y Tamara Ramírez solicitaron información al Ministerio de Seguridad Pública y a la Fiscalía Nacional para conocer el alcance de las redes de explotación sexual asociadas al crimen organizado transnacional y los avances en las investigaciones que involucran al Tren de Aragua.

Las diputadas del Partido de la Gente (PDG), Flor Contreras y Tamara Ramírez, oficiaron al Ministerio de Seguridad Pública y a la Fiscalía Nacional para solicitar antecedentes detallados sobre las medidas adoptadas para combatir la explotación sexual vinculada al crimen organizado transnacional, además de los avances alcanzados en la persecución de organizaciones como el Tren de Aragua.

La acción surge luego de las declaraciones del fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, quien señaló que esta organización mantiene presencia en el mercado de la explotación sexual en Chile. Ante ese escenario, las parlamentarias buscan conocer la dimensión de este fenómeno y los resultados concretos obtenidos por las instituciones encargadas de enfrentarlo.

Las legisladoras advirtieron que la explotación sexual constituye una de las expresiones más graves del crimen organizado, debido a la alta rentabilidad que genera para las organizaciones criminales y al impacto que provoca sobre las víctimas, muchas de las cuales se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social, económica o migratoria.

A través del oficio, las diputadas solicitaron información sobre investigaciones, procedimientos policiales, personas detenidas, víctimas identificadas y organizaciones criminales desarticuladas por delitos de explotación sexual y trata de personas durante los últimos años.

Asimismo, requirieron antecedentes sobre las investigaciones que actualmente vinculan al Tren de Aragua y otras organizaciones transnacionales con este tipo de delitos, además de las principales dificultades que enfrentan las instituciones para perseguir eficazmente estas redes criminales.

Las parlamentarias sostuvieron que combatir la explotación sexual y la trata de personas debe mantenerse como una prioridad permanente para el Estado, especialmente cuando existen antecedentes que apuntan a la participación de organizaciones criminales con capacidad para expandirse, reemplazar liderazgos y mantener operaciones ilícitas de gran escala.