La solicitud de resolución busca que el Ejecutivo implemente un plan nacional de inversión en infraestructura hídrica rural, ante el colapso de sistemas APR y la dependencia histórica de camiones aljibe en comunidades apartadas de la región.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad la solicitud de resolución presentada por la diputada de La Araucanía, Coca Ericka Ñanco, que insta al Presidente de la República a implementar un Plan Nacional de Inversión en Infraestructura Hídrica Rural, con el objetivo de garantizar el acceso al agua potable en comunidades rurales y aisladas del país.
La iniciativa surge como respuesta a una problemática estructural que afecta directamente a diversas localidades de la región, donde familias completas dependen de sistemas de Agua Potable Rural (APR) colapsados o del abastecimiento de emergencia mediante camiones aljibe. Sectores como Isla Huapi, en la comuna de Saavedra, además de comunidades rurales de Cunco y Cholchol, reflejan una situación que se arrastra por años sin soluciones definitivas.
Desde el Congreso, la diputada Ñanco advirtió que el respaldo transversal evidencia la magnitud de la crisis hídrica rural en La Araucanía, donde el acceso al agua potable continúa siendo inestable y condicionado a medidas de emergencia, una realidad que afecta especialmente a comunidades rurales y territorios históricamente postergados.
La solicitud aprobada plantea la necesidad de contar con financiamiento permanente para infraestructura hídrica rural, incorporando soluciones acordes a la realidad territorial, como sistemas de captación de aguas lluvias, fuentes subterráneas u otras tecnologías sustentables, según las condiciones específicas de cada comuna.
Asimismo, el planteamiento propone una planificación de largo plazo, que considere el crecimiento de las localidades y futuros proyectos habitacionales, con el fin de evitar que los sistemas queden obsoletos y garantizar la continuidad del suministro de agua potable en zonas rurales.
La diputada recalcó que el acceso al agua potable constituye un derecho básico y una condición mínima de dignidad, subrayando que la situación actual representa una deuda histórica con el mundo rural y los pueblos originarios de La Araucanía, que aún esperan respuestas estructurales del Estado.
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