Un grupo de 120 mujeres, en su mayoría de situación vulnerable, presentó una demanda contra el Gobierno Regional de La Araucanía, exigiendo más de 3 mil millones de pesos en indemnización por los perjuicios causados en el denominado Caso Manicure, parte del escándalo Caso Convenios. Las mujeres habían sido contactadas por las fundaciones Folabb y Educc para participar en cursos de capacitación que nunca se concretaron, generando graves daños morales.
Aída Sánchez, una de las afectadas, expresó su frustración ante la Corte de Apelaciones de Temuco, afirmando que lo vivido fue una “estafa, humillación y vejación”, y que las promesas de capacitación fueron “desesperanzadoras”. El abogado Juan Carlos Cisternas, representante de las víctimas, subrayó que el Gobierno Regional incurrió en violencia institucional al jugar con las expectativas de las mujeres.
El caso se enmarca en la investigación penal sobre el destino de 730 millones de pesos traspasados por el Gobierno Regional a las fundaciones Folabb y Educc. Actualmente, cinco personas han sido formalizadas, cuatro de ellas en prisión preventiva, entre ellos exfuncionarios del gobierno y los dueños de las fundaciones implicadas.


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