Quintana exige la renuncia de Yáñez: «Es el responsable institucional durante el estallido y debe responder como tal»

En un giro de acontecimientos tras la histórica sentencia del «Caso Quemados» emitida por la Corte Suprema, Carmen Gloria Quintana, la única superviviente del trágico incidente ocurrido hace 38 años, ha pedido abiertamente la renuncia del actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Este llamado se basa en la presunta responsabilidad del alto oficial en delitos cometidos durante el estallido social.

Después de casi cuatro décadas, la Corte Suprema ha dictaminado una sentencia definitiva para los tres oficiales del Ejército involucrados en el «Caso Quemados», condenándolos a 20 años de presidio por homicidio consumado e intento de homicidio. En una entrevista exclusiva con CNN Chile, Carmen Gloria Quintana compartió sus reacciones ante este fallo histórico y abordó temas de actualidad, incluyendo las acusaciones contra el general director de Carabineros.

Quintana, actualmente residente en Canadá, expresó su acuerdo con las voces políticas que exigen la renuncia de Yáñez. En sus declaraciones, afirmó: «Él es el responsable institucional de la época y debe responder como tal. Todos somos iguales frente a la ley». La sobreviviente del «Caso Quemados» respaldó su posición argumentando que un cargo de tanta importancia no debería ser ocupado por alguien con responsabilidad en las muertes y lesiones resultantes de la represión durante el estallido social.

Al abordar la sentencia del «Caso Quemados», Quintana describió el fallo como un alivio después de 38 años de lucha. También destacó la existencia de negacionismo en algunos sectores de la política chilena en relación con los crímenes y violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Comparó la situación con el negacionismo en la Alemania nazi, señalando que en Chile aún persiste esta actitud, a pesar de la evidencia judicial y los testimonios que respaldan los hechos ocurridos en el pasado.

La petición de renuncia de Quintana agrega una nueva capa de presión sobre las autoridades, planteando interrogantes sobre la responsabilidad institucional y la rendición de cuentas en el contexto del estallido social y las violaciones a los derechos humanos.