Alzas y gastos presidenciales tensionan la austeridad del Gobierno de José Antonio Kast

El paro de camioneros y nuevas alzas de combustibles presionan al Gobierno, mientras los gastos de Presidencia ponen bajo examen la coherencia de su discurso de austeridad.

El Gobierno de José Antonio Kast enfrentó este miércoles 11 de noviembre una nueva jornada de negociaciones con camioneros, mientras el encarecimiento de alimentos, transporte y combustibles continúa presionando los presupuestos familiares. El llamado presidencial a que los transportistas “pensemos en Chile” convive con decisiones de gasto en asesores, el gabinete de la primera dama y actividades en La Moneda que ponen bajo examen cómo se distribuye el esfuerzo de la austeridad.

El informe de ENAP proyectó para este jueves 12 aumentos de $38,7 por litro en las gasolinas de 93 y 97 octanos y de $41,9 en el diésel. El ajuste llega cuando los transportistas exigen estabilizar su principal insumo. Aunque las distribuidoras determinan los valores finales, la nueva alza agrega presión sobre quienes utilizan vehículos para trabajar y sobre una actividad que sostiene la distribución de productos.

La presión tiene respaldo en las estadísticas oficiales. El INE informó que el IPC de octubre aumentó 0,5% mensual y 4,5% en doce meses, con incrementos de 1% en alimentos y de 2% en transporte durante el mes. En el transporte de carga, el índice de costos acumuló un aumento de 15,6% entre enero y octubre, mientras su componente de combustibles subió 12,3% solamente en octubre.

El costo de cubrir necesidades básicas muestra la estrechez de muchos presupuestos. Según el Ministerio de Desarrollo Social, la canasta alimentaria de septiembre alcanzó $92.833 mensuales por persona. Para un hogar de cuatro integrantes que arrienda, la línea de pobreza se ubicó en $997.807 al mes, frente a $674.062 para uno que no arrienda. Estas cifras son umbrales de pobreza y no representan un presupuesto suficiente para vivir con holgura.

El ingreso mínimo vigente para trabajadores mayores de 18 años y de hasta 65 años es de $553.553 brutos. En La Araucanía, la última Encuesta Suplementaria de Ingresos, correspondiente a 2025, situó la mediana laboral en $550.232 líquidos mensuales, lo que significa que la mitad de quienes trabajaron recibió esa cifra o menos. A escala nacional, la mediana fue de $680.000 líquidos.

También existen señales de recuperación promedio del poder adquisitivo. El índice de remuneraciones reales del INE creció 3,5% en doce meses en septiembre. Esa mejora no elimina las diferencias entre ingresos, cargas familiares y gastos esenciales, ni permite asumir que todos los hogares disponen del mismo margen para absorber nuevas alzas.

En las negociaciones de este miércoles, los camioneros del centro-sur reconocieron avances, pero mantuvieron la movilización hasta alcanzar un acuerdo total. Fuerza del Norte también informó que la primera reunión de la tarde terminó sin acuerdo y anunció una nueva cita para las 17:00. Al cierre de los reportes consultados para esta nota no se había confirmado un acuerdo definitivo. Las principales confederaciones nacionales, que todavía no se habían sumado al paro, anunciaron que llevarían sus demandas al Gobierno este jueves.

La Moneda retiró temporalmente del Congreso el proyecto que buscaba limitar a $20 por litro las eventuales alzas de combustibles durante 90 días. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, explicó que el texto debía ajustarse a lo que surgiera de las conversaciones. El Ejecutivo ha atribuido el encarecimiento al escenario internacional y defendido el uso del Mepco para moderar su impacto, al mismo tiempo que exige mantener despejadas las rutas. La contención anunciada todavía no equivale a una rebaja de los precios que ya pagan los consumidores.

El contraste con los gastos de Presidencia se observa en sus propios registros. La información de agosto publicada por la Comisión para la Fijación de Remuneraciones consigna honorarios brutos mensuales de $9.500.000 para Alejandro Irarrázaval, $9.400.000 para Rodrigo Pérez Stiepovic, $9.200.000 para Sebastián Torrealba y $8.900.000 para Cristián Valenzuela. La resolución que regula estas contrataciones establece máximos y reconoce margen para fijar remuneraciones inferiores, por lo que el monto de cada contrato sigue siendo una decisión que debe justificarse.

A ello se suma la restitución del gabinete de María Pía Adriasola mediante la resolución exenta 391 del 13 de mayo. Su misión incluye asesorarla en actividades oficiales, sociales, culturales y protocolares. Una respuesta de Transparencia difundida por Contrapoder identificó a siete personas asignadas a esa unidad, entre ellas Paula Elizalde y Miguel Rojas, con remuneraciones informadas de $5.300.000 y $4.200.000, respectivamente.

El funcionamiento de esa estructura ya motivó el oficio 26038 de la Cámara, del 15 de octubre, que solicita sus fundamentos, presupuesto, contratos y remuneraciones. La ficha oficial revisada no registra una respuesta publicada. El requerimiento abre una fiscalización concreta sobre los recursos destinados a apoyar a la esposa del mandatario y sobre los resultados y funciones que justifican ese gasto.

En el caso de su vehículo, la documentación publicada por Contrapoder reporta $2.145.977 entre agosto y octubre por combustible, TAG y seguro. Se trata de una Toyota 4Runner particular entregada gratuitamente en comodato a Presidencia para sus traslados y seguridad. El contrato contempla que el Estado asuma los gastos necesarios para su uso y mantenimiento, de modo que la cesión gratuita incluye obligaciones económicas para el erario.

Otro episodio fue el almuerzo que Kast ofreció a excompañeros universitarios en La Moneda el 10 de abril. Aunque inicialmente se informó que el mandatario pagó la comida, el 24 de abril reconoció que hubo financiamiento público “por el servicio”. Ese mismo día admitió haber cometido un error por desconocimiento, declaración que consta en la transcripción oficial de su intervención ante el Consejo para la Transparencia. El reconocimiento obliga a considerar el uso de personal institucional al evaluar el costo de la actividad.

El viaje del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, a República Dominicana en un avión de la Fuerza Aérea también generó cuestionamientos. El Gobierno justificó el traslado por los horarios de la reunión internacional y criticó la fotografía que la autoridad difundió desde la aeronave. La Cámara ofició a Defensa para conocer sus antecedentes y fundamentos. Las estimaciones periodísticas sobre el costo son divergentes y no reemplazan una liquidación oficial, que no se localizó durante esta revisión.

Las prioridades presupuestarias también tienen una expresión regional. El Minvu incorporó una línea de 143.800 UF y 22 cupos nacionales para centros comunitarios de culto. La cartera fundamentó la medida en las actividades sociales de las organizaciones religiosas y exigió espacios abiertos a la comunidad. La nómina de habilitación del 2 de noviembre registra cinco postulaciones en La Araucanía, tres en Temuco y dos en Purén, que ingresan a revisión del Serviu. Ese documento no acredita transferencias ni adjudicaciones definitivas.

En paralelo, la región enfrenta efectos inmediatos del conflicto del transporte. La Delegación Presidencial informó la llegada de 18 camiones con combustible desde Talcahuano, mediante una coordinación con Biobío y apoyo de Carabineros, para abastecer estaciones de servicio. La gestión busca sostener el suministro mientras continúa la negociación por el precio del diésel.

La discusión sobre austeridad también alcanza a las decisiones del propio Ejecutivo. Justificar la necesidad de cada estructura, transparentar sus costos y acreditar sus resultados es parte de la responsabilidad que acompaña al llamado a cuidar recursos escasos, especialmente cuando los hogares y pequeños transportistas enfrentan nuevas alzas.