El Gobierno enfrenta cuestionamientos por rebajas de penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores y otros 115 extranjeros sentenciados por delitos de drogas. Mientras el Presidente descarta cambios ministeriales, su aprobación cae al 26%, el desempleo nacional alcanza el 9,8% y la inflación anual llega al 4,5%.
En medio de una creciente controversia por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos graves, el Presidente José Antonio Kast volvió a descartar modificaciones en su gabinete, pese a los cuestionamientos que enfrenta el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y al deterioro del respaldo ciudadano hacia su administración.
Desde Madrid, donde participó en la XXX Cumbre Iberoamericana, el mandatario respondió este jueves 5 de noviembre a las consultas sobre un eventual ajuste ministerial con una frase que rápidamente generó reacciones: «Lo descarté ayer, lo sigo descartando y no sé por qué se genera tanta controversia».
Kast agregó que corresponde exclusivamente al Presidente decidir la continuidad de sus ministros y no a las colectividades políticas. Sus declaraciones se produjeron cuando el titular de Justicia enfrenta cuestionamientos por decretos que permitieron reducir condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, además de nuevas revelaciones relacionadas con condenados por narcotráfico.
Aunque la expresión presidencial estaba dirigida específicamente a la posibilidad de un cambio de gabinete, el contexto en que fue pronunciada abrió una discusión sobre la respuesta política del Ejecutivo frente a decisiones que han afectado el cumplimiento de condenas por delitos graves.
Rebajas de condenas abren nuevos cuestionamientos
La controversia comenzó a escalar tras conocerse que el Ministerio de Justicia, durante la actual administración, autorizó rebajas de penas a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad. Los antecedentes difundidos por investigaciones periodísticas corresponden a 27 condenados por abuso sexual y 29 por violación.
El caso adquirió una nueva dimensión luego de que una investigación de Interferencia, publicada el 5 de noviembre, identificara 115 rebajas de condenas otorgadas a extranjeros sentenciados por delitos vinculados a drogas, dentro de una revisión de 150 decretos que beneficiaron a personas de nacionalidad extranjera.
Entre los casos documentados figuran condenados involucrados en operaciones de tráfico de grandes cantidades de sustancias ilícitas. La investigación también identificó situaciones en que existían antecedentes penitenciarios desfavorables, incluyendo evaluaciones de riesgo de reincidencia y rechazos anteriores de libertad condicional.
Sin embargo, resulta necesario establecer una distinción: una rebaja de condena no significa necesariamente que todos los beneficiados hayan recuperado inmediatamente su libertad. Para determinar cuántos salieron efectivamente de prisión es necesario revisar las fechas de cumplimiento de sus respectivas penas.
Los antecedentes se suman a decretos que favorecieron a condenados por crímenes de lesa humanidad, entre ellos internos de Punta Peuco, ampliando los cuestionamientos hacia la gestión del Ministerio de Justicia.
Fallos judiciales contradicen parte de la defensa del ministro
Uno de los aspectos más relevantes del caso corresponde a la justificación jurídica utilizada para conceder los beneficios.
El ministro Fernando Rabat ha sostenido que las decisiones se ajustaron a la legislación vigente y a interpretaciones de los tribunales respecto de personas condenadas por hechos anteriores a la reforma legal de 2022, que restringió el acceso a estos beneficios para autores de delitos sexuales contra menores.
No obstante, una investigación publicada por CIPER el 5 de noviembre identificó al menos nueve casos en que el propio Ministerio de Justicia, durante la gestión de Rabat, rechazó solicitudes de reducción de condenas y defendió esas decisiones ante los tribunales.
En seis de esos procedimientos, los tribunales respaldaron la negativa ministerial y no otorgaron las rebajas solicitadas.
Estos antecedentes cuestionan la afirmación de que el Ministerio estaba obligado a aprobar todas las solicitudes, aunque también existen numerosos fallos judiciales que han favorecido a los condenados.
Por lo tanto, el debate no se limita a determinar si los decretos cumplieron formalmente la ley. También involucra establecer qué facultades tenía la autoridad para oponerse, qué criterios jurídicos adoptó y por qué modificó su interpretación durante el año.
A esto se agrega que la Fiscalía confirmó que Rabat figura como imputado en una investigación por presunta prevaricación administrativa relacionada con los beneficios penitenciarios. Esta condición procesal no implica que exista una condena ni que se haya acreditado responsabilidad penal.
Kast reconoce el error pero mantiene al responsable de Justicia
El pasado 26 de octubre, el Presidente reconoció públicamente que las rebajas de condenas constituyeron un error de su administración y admitió que el Estado había fallado a las víctimas.
Pese a ese reconocimiento, decidió mantener en funciones a Fernando Rabat, encargándole impulsar medidas para corregir el sistema y evitar que situaciones similares vuelvan a producirse.
El Ejecutivo anunció la suspensión de la tramitación de nuevas rebajas mientras se revisan los procedimientos y promovió modificaciones legales destinadas a restringir estos beneficios.
Desde el Gobierno se ha defendido la necesidad de resolver los problemas estructurales de la legislación penitenciaria. La oposición, en cambio, cuestiona la responsabilidad política del ministro y prepara una acusación constitucional en su contra.
El propio Kast emplazó a los sectores opositores a presentar esa acusación y sostuvo que prolongar la controversia puede significar una nueva afectación para las víctimas.
El 70% rechaza que Rabat continúe y Kast cae al 26%
Las consecuencias políticas de esta controversia también se reflejan en las encuestas.
Según la medición Plaza Pública Cadem difundida el 1 de noviembre, un 70% de los consultados manifestó estar en desacuerdo con la decisión presidencial de mantener a Fernando Rabat como ministro de Justicia.
El mismo sondeo mostró que un 78% desaprueba la gestión del secretario de Estado en este caso.
La aprobación del Presidente Kast, en tanto, descendió al 26%, tres puntos menos que en la medición anterior, mientras su desaprobación alcanzó el 69%.
Además, un 71% de los encuestados consideró que Chile avanza por un mal camino, reflejando un deterioro en la percepción ciudadana sobre la situación nacional.
Aunque la crisis por las rebajas de condenas coincide con la caída de la aprobación presidencial, existen otros factores que también influyen en la evaluación del Gobierno, particularmente la situación económica y laboral.
Desempleo e inflación complican el panorama nacional
A los cuestionamientos políticos se suma un escenario económico desfavorable para los hogares.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desempleo nacional alcanzó el 9,8% durante el trimestre julio a septiembre de 2026, aumentando 1,3 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior.
Este viernes 6 de noviembre, el organismo informó además que la inflación de octubre llegó al 0,5% mensual y al 4,5% en doce meses. Entre las principales alzas destacaron el transporte y los alimentos, dos componentes relevantes del presupuesto familiar.
Por su parte, el Banco Central redujo su proyección de crecimiento económico para 2026 a un rango de entre 0,25% y 0,75%, considerando el debilitamiento de la demanda interna, el deterioro del mercado laboral y otros factores que han afectado la actividad.
En La Araucanía, la situación también presenta dificultades. El desempleo regional se ubicó en 9,4% durante el trimestre julio a septiembre, mientras la informalidad laboral alcanzó el 33,7%, una de las principales debilidades estructurales del empleo en la región.
En materia de seguridad, sin embargo, el Ejecutivo ha presentado resultados favorables. Según el balance oficial entregado a fines de octubre, los homicidios consumados disminuyeron un 16,7% respecto del mismo período de 2025, mientras los robos violentos registraron una reducción del 14,5%.
Estas cifras representan avances, aunque no resuelven los cuestionamientos sobre las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia.
La contradicción que enfrenta el Gobierno
El caso ha instalado una discusión política que va más allá de la continuidad de un ministro.
José Antonio Kast llegó a La Moneda con un discurso centrado en fortalecer la seguridad pública, enfrentar al crimen organizado y entregar mayor protección a las víctimas de delitos.
Por ello, las rebajas de condenas autorizadas durante su administración generan especial controversia: mientras el Ejecutivo destaca resultados en la persecución del delito, enfrenta cuestionamientos por decisiones administrativas que permitieron acortar penas impuestas por la justicia.
El Presidente tiene la atribución constitucional de mantener o remover a sus ministros. Sin embargo, esa facultad no elimina la necesidad de explicar las decisiones adoptadas, determinar eventuales responsabilidades y transparentar los criterios utilizados para conceder los beneficios.
En un escenario marcado por dificultades económicas, pérdida de respaldo ciudadano y tensiones políticas, la continuidad de Rabat se ha convertido en una de las decisiones más cuestionadas de la administración.
La interrogante que permanece abierta es por qué el Ministerio de Justicia cambió su criterio respecto de las rebajas de condenas cuando existían antecedentes judiciales que respaldaban su rechazo, y qué responsabilidades deberán establecerse por las consecuencias de esas decisiones para las víctimas y el sistema penitenciario.
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