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Elisa Loncón Antileo Cristian Soto Quiroz

Partido republicano denuncia sobresueldo de Loncón, Mayol y Dammert en la Usach

Dos diputados republicanos, Juan Irarrázaval y Stephan Schubert, han presentado una denuncia ante la Contraloría en Chile, acusando a tres destacados académicos de la Universidad de Santiago (Usach) de recibir sobresueldos por más de $45 millones. Los señalados son Alberto Mayol, Lucía Dammert y Elisa Loncon.

Según la denuncia, los académicos han suscrito más de 40 contratos a honorarios con recursos públicos de manera paralela a sus funciones académicas, sin proporcionar detalles específicos sobre las labores realizadas. Los parlamentarios argumentan que la mayoría de las boletas fueron emitidas a través de sociedades relacionadas con la institución educativa.

El documento presentado ante la Contraloría expone que mediante resoluciones exentas de la Usach y contratos suscritos por sociedades vinculadas, se aprobaron convenios a honorarios para que los académicos realicen labores fuera de su jornada ordinaria de trabajo. Estas labores, alegan los denunciantes, corresponden a las mismas ejecutadas durante su tiempo como docentes y académicos durante la jornada ordinaria, constituyendo así un posible caso de sobresueldos.

La denuncia detalla que Alberto Mayol, académico de la Facultad de Administración y Economía, ha suscrito 28 contratos a honorarios por un total de $37.596.092. Por su parte, Lucía Dammert habría realizado 10 contratos por $5.756.340, mientras que Elisa Loncon habría efectuado tres contratos por $3.017.768.

Los diputados republicanos alegan que estas contrataciones constituyen sobresueldos, es decir, pagos extras o suplementos remuneratorios, realizados a través de boletas de honorarios por funciones ejecutadas durante la jornada ordinaria de trabajo. Sostienen que estas labores deberían ser remuneradas como horas extraordinarias y no como sobresueldos.

La investigación de la Contraloría se presenta como un nuevo episodio en la creciente preocupación por la transparencia y el uso de recursos públicos en instituciones educativas, generando expectación sobre las posibles consecuencias legales y administrativas para los académicos involucrados.