El Tribunal Oral de Temuco ha emitido un veredicto declarando culpables a dos comuneros mapuche, Guillermo Enrique Ñiripil Cheuquepán y José Domingo Pichunhuala Huentenao, por el delito de extorsión en un caso relacionado con un predio forestal. Este fallo marca un hito en un proceso judicial que ha captado la atención pública y ha generado debate en torno a las tensiones territoriales y sociales en la región.
El caso se remonta al 28 de diciembre de 2022, cuando individuos no identificados ingresaron a un predio forestal situado entre Lautaro y Curacautín, exigiendo a la propietaria una suma de dinero a cambio de permitir la explotación de la plantación de pinos en el área. Posteriormente, el 9 de enero de 2023, los acusados Ñiripil Cheuquepán y Pichunhuala Huentenao se reunieron con la víctima en un restaurante de la comuna de Lautaro, donde presuntamente exigieron la venta del campo a la comunidad indígena Cheuquepán. Más tarde, se estableció que el monto demandado ascendía a $32.000.000.
La situación escaló cuando, al día siguiente, un grupo de individuos ingresó nuevamente al predio, realizando disparos al aire, cortando árboles y dejando aislado al cuidador del lugar. Este incidente fue seguido por un incendio que consumió aproximadamente 15 hectáreas de pinos el 19 de enero del mismo año.
Finalmente, la víctima accedió a las demandas económicas y giró un vale vista por $18.000.000 a nombre de Ñiripil Cheuquepán. Sin embargo, este último fue absuelto del cargo de amenazas.
El fiscal de Lautaro, Enrique Vásquez, expresó su conformidad con el veredicto, destacando la dificultad de probar el delito de extorsión y subrayando la escasez de condenas por este tipo de ilícitos en Chile. Por su parte, la defensa de los comuneros anunció su intención de apelar una vez que tengan acceso a los antecedentes completos de la sentencia.
La lectura de la sentencia definitiva está programada para el 30 de enero, y los acusados enfrentan penas que oscilan entre los 5 años y un día de cárcel hasta los 8 años de presidio, según lo estipulado por la ley.
Este caso ha generado un intenso debate en torno a los conflictos territoriales y sociales en la región, así como sobre el rol de la justicia en la resolución de dichos conflictos y la protección de los derechos de las comunidades indígenas.
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