El Gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei, ha anunciado una intervención de un año en todos los medios de comunicación estatales como parte de su estrategia para «reorganizar las empresas públicas». La medida, publicada en el Boletín Oficial, incluye importantes medios como Educ.ar, Radio Nacional, Televisión Pública, Télam y señales de Contenidos Públicos segmentados (Encuentro, Paka Paka, Depor TV, ACUA Mayor y ACUA Federal), así como la administración del Polo de Producción Audiovisual y el acervo del Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (Bacua).
El propósito de la intervención es «elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades». Esto implica la revisión de la administración de fondos, modificaciones en el régimen de contrataciones y la designación o suspensión de funcionarios. Se busca, según el Gobierno, «optimizar la gestión administrativa con miras a tornar sustentables dichas empresas» en un esfuerzo por lograr una «mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público».
Sin embargo, la medida ha generado críticas significativas, especialmente por parte de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), que considera la intervención como una «violación de la legislación vigente». La Fatpren alega que esta acción pasa por encima del Congreso de la Nación y apunta a la privatización de los medios públicos, sugiriendo que podría estar vinculada a intereses inmobiliarios. La federación ha impugnado el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, argumentando su inconstitucionalidad y resaltando la importancia de garantizar la pluralidad de voces en los medios públicos.
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