Por primera vez en más de tres décadas, Chile no respaldó la resolución de Naciones Unidas que solicita a Estados Unidos poner fin al embargo económico contra Cuba. El embajador Roberto Ampuero justificó la abstención argumentando que la crisis de la isla también responde a restricciones internas a las libertades y los derechos civiles.
El Gobierno del presidente José Antonio Kast marcó este miércoles 28 de octubre un cambio en la política exterior chilena, luego de que Chile se abstuviera en la votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas que buscaba exigir el término del embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba.
La decisión pone fin a 33 años de respaldo chileno a esta resolución, que históricamente había contado con el apoyo de gobiernos nacionales de distintos sectores políticos.
La Asamblea General aprobó nuevamente la iniciativa, esta vez con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, entre ellas la de Chile.
En la votación también se abstuvieron países como Perú, Honduras, Alemania, Italia y Corea del Sur. En tanto, Estados Unidos, Israel, Argentina, Colombia, Ecuador, Costa Rica y Paraguay estuvieron entre las naciones que rechazaron la resolución.
Las razones del Gobierno chileno
El embajador de Chile ante Naciones Unidas, Roberto Ampuero, expuso durante la jornada del martes los argumentos de la administración de Kast para modificar su posición respecto de la iniciativa presentada por Cuba.
En su intervención, el diplomático sostuvo que Chile mantiene su oposición a las sanciones económicas impuestas unilateralmente entre Estados.
«Chile no ha respaldado, ni respalda, las medidas económicas, comerciales y financieras unilaterales», afirmó el representante chileno.
Sin embargo, Ampuero planteó que las dificultades económicas y sociales que enfrenta la población cubana no pueden atribuirse exclusivamente a factores externos, señalando también las restricciones existentes en materia de libertades fundamentales, participación política, actividad económica y derechos civiles.
El diplomático defendió la necesidad de abordar ambas dimensiones del problema: las consecuencias de las sanciones estadounidenses y la situación de los derechos humanos al interior de Cuba.
En esa línea, sostuvo que la discusión internacional no debería reducirse a una elección entre posiciones enfrentadas y planteó que el objetivo debe ser contribuir al bienestar de la población cubana, al término del embargo y al ejercicio de sus libertades.
Una decisión que cambia la posición histórica de Chile
Desde 1993, Chile había mantenido su respaldo a las resoluciones que solicitan el levantamiento del embargo estadounidense, independientemente del sector político que encabezara el Gobierno.
La decisión adoptada este miércoles constituye, por tanto, un cambio significativo en la postura diplomática nacional frente a una de las controversias internacionales más prolongadas del continente.
Aunque la abstención no equivale a respaldar las sanciones de Estados Unidos, sí implica que Chile dejó de apoyar expresamente una resolución que durante más de tres décadas había votado favorablemente.
Resolución pierde 35 apoyos respecto de 2025
La votación de este año también evidenció una disminución del respaldo internacional a la iniciativa cubana.
En octubre de 2025, la resolución había sido aprobada con 165 votos favorables, siete en contra y 12 abstenciones. Un año después, el apoyo descendió a 130 países, mientras los votos contrarios aumentaron a 17 y las abstenciones llegaron a 25.
Se trata de la trigésima cuarta ocasión en que Naciones Unidas aprueba una resolución solicitando poner fin al embargo estadounidense.
La votación ocurre en medio del deterioro de las relaciones entre Washington y La Habana, junto con una crisis económica y energética en Cuba, caracterizada por dificultades en el abastecimiento de combustible, alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales.
El Gobierno cubano atribuye una parte importante de estas dificultades a las sanciones estadounidenses, mientras que Washington sostiene que los problemas económicos también responden a las políticas internas de las autoridades de la isla.
Pese a su aprobación, la resolución de la Asamblea General no tiene carácter jurídicamente vinculante, por lo que no obliga a Estados Unidos a levantar el embargo.
No obstante, el pronunciamiento constituye una manifestación diplomática de la posición de los países participantes frente a las sanciones que Washington mantiene sobre Cuba desde hace más de seis décadas.
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