La incorporación de Chile al Escudo de las Américas contempla cooperación contra el crimen organizado, pero la declaración conjunta también incluye materias económicas, intercambio de inteligencia y coordinación internacional. Mientras el presidente José Antonio Kast descarta operaciones militares, surgen interrogantes sobre el alcance de la iniciativa y su eventual aplicación frente a las organizaciones armadas que operan en La Araucanía.
La decisión del Gobierno de José Antonio Kast de incorporar a Chile al Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, abrió un debate sobre los alcances de esta nueva alianza internacional y sus eventuales implicancias para la seguridad, la economía y la soberanía nacional.
La adhesión fue anunciada el martes 22 de septiembre, durante la visita del mandatario chileno a Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, se trata de un mecanismo de coordinación voluntaria entre gobiernos americanos, orientado a combatir el crimen organizado transnacional mediante intercambio de información, acceso a sistemas de análisis de datos, capacitación policial y cooperación fronteriza.
Sin embargo, la declaración conjunta difundida por el Departamento de Estado estadounidense contempla un ámbito de acción más amplio que el destacado en el comunicado de la Cancillería chilena.
El documento establece tres pilares de cooperación: economía, seguridad y coordinación multilateral. Además, incluye disposiciones relacionadas con inversiones, minerales críticos, infraestructura digital, intercambio de inteligencia y acciones conjuntas contra organizaciones criminales.
Esta diferencia entre ambos documentos abre interrogantes sobre los compromisos que asumirá Chile y las decisiones que deberán adoptar sus autoridades para implementar la cooperación.
Minerales críticos e inversiones: el componente económico del acuerdo
Uno de los aspectos relevantes de la declaración conjunta es que la iniciativa no se limita al combate del narcotráfico.
En materia económica, los países participantes expresaron su intención de explorar mecanismos de revisión de inversiones, proteger las cadenas de suministro de minerales críticos mediante la diversificación de proveedores y promover regulaciones para la infraestructura digital.
El documento también contempla profundizar la cooperación económica y coordinar posiciones comunes sobre asuntos de interés compartido en organismos regionales e internacionales.
Estas disposiciones incorporan a la alianza materias que van más allá de la cooperación policial y que podrían relacionarse con decisiones futuras en comercio, inversiones y desarrollo tecnológico.
En este contexto, durante un análisis emitido por Radio Bío Bío, sus participantes plantearon interrogantes sobre las consecuencias diplomáticas de la incorporación de Chile a una iniciativa liderada por Estados Unidos, particularmente en lo relacionado con sus vínculos comerciales con China.
El análisis también abordó las negociaciones comerciales entre Chile y Estados Unidos, planteando como interrogante si estas podrían tener alguna relación con la decisión del Gobierno de incorporarse al Escudo de las Américas.
No obstante, en el material revisado no se presentan antecedentes que permitan establecer una relación directa entre ambas materias.
Por otra parte, la declaración conjunta no establece expresamente que Chile deba restringir sus relaciones comerciales con China ni modificar sus acuerdos internacionales vigentes.
¿Podría el Escudo de las Américas operar en La Araucanía?
Una de las interrogantes surgidas tras el anuncio del Gobierno tiene relación con el alcance territorial de la cooperación y su eventual aplicación frente a organizaciones armadas que operan en el sur de Chile.
Durante el análisis de Radio Bío Bío se planteó si el Escudo de las Américas podría desarrollar actividades en La Araucanía, considerando que autoridades chilenas han calificado como terroristas a determinadas organizaciones vinculadas con hechos de violencia en la macrozona sur.
Los participantes del programa también plantearon la posibilidad de que el Gobierno chileno solicite incorporar a organizaciones que operan en territorio nacional al listado de grupos considerados por esta alianza.
Actualmente, la declaración conjunta identifica 24 organizaciones como objetivo de sus primeras medidas coordinadas contra el crimen organizado.
Entre ellas se encuentran el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, además de distintas organizaciones criminales de América Latina.
Sin embargo, el listado difundido por Estados Unidos y la Cancillería chilena no identifica expresamente a organizaciones que operan en La Araucanía.
Hasta ahora, tampoco se ha informado públicamente de una solicitud del Gobierno chileno para incorporar a organizaciones de la macrozona sur a los mecanismos específicos de cooperación de esta alianza.
Por lo tanto, la eventual participación del Escudo de las Américas en actividades relacionadas con la seguridad regional permanece como una interrogante sobre el alcance futuro de la iniciativa y no constituye una operación anunciada por las autoridades.
Kast descarta intervención militar y defiende soberanía nacional
Tras conocerse la adhesión, el presidente José Antonio Kast aseguró que la incorporación de Chile al Escudo de las Américas no constituye un tratado internacional ni implica ceder soberanía.
El mandatario explicó que la cooperación estará orientada al intercambio de información y al seguimiento de organizaciones criminales, descartando que la participación chilena contemple operaciones militares contra el crimen organizado o el terrorismo.
Según manifestó desde Nueva York, la iniciativa busca que los países participantes puedan coordinar sus esfuerzos para perseguir a las organizaciones delictivas respetando sus respectivas legislaciones.
Esta posición también fue recogida por la Cancillería, que estableció que cada Estado debe actuar de conformidad con sus obligaciones jurídicas nacionales e internacionales.
Sin embargo, el documento conjunto difundido por Estados Unidos incorpora disposiciones sobre intercambio de inteligencia, acceso a tecnologías de seguridad y capacitación de personal, sin especificar en detalle qué instituciones participarán en cada una de estas actividades.
En consecuencia, todavía corresponde precisar cómo se implementarán estos mecanismos en Chile y qué organismos estarán encargados de desarrollar las distintas iniciativas de cooperación.
Una declaración que también menciona al TIAR
Otro aspecto que ha generado discusión es la referencia al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), instrumento internacional destinado a establecer mecanismos de consulta y asistencia entre Estados americanos frente a determinadas amenazas a la paz y la seguridad.
La declaración conjunta contempla la intención de solicitar una reunión en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el propósito de evaluar mecanismos de acción colectiva contra las organizaciones criminales identificadas por la alianza.
El documento plantea que los países participantes podrían considerar una resolución que promueva y facilite acciones conjuntas bajo el marco del TIAR.
Sin embargo, esta disposición no constituye por sí misma una autorización para realizar operaciones militares en territorio chileno.
El alcance de cualquier medida futura dependerá de las decisiones que adopten los Estados participantes, de los mecanismos internacionales correspondientes y de las obligaciones jurídicas aplicables en cada país.
Las preguntas pendientes para Chile y La Araucanía
La incorporación al Escudo de las Américas plantea nuevas interrogantes sobre la manera en que Chile desarrollará su cooperación internacional en materia de seguridad y sobre las facultades que tendrán las instituciones encargadas de implementarla.
En el caso de La Araucanía, una de las principales preguntas es si el Gobierno contempla incorporar a las organizaciones armadas que operan en la región dentro de los mecanismos de intercambio de inteligencia y cooperación policial de esta iniciativa.
También permanece pendiente conocer si se solicitará incorporar nuevas organizaciones al listado de grupos criminales considerados por la alianza y cuáles serían los criterios para hacerlo.
En materia económica, corresponde establecer qué medidas concretas contempla desarrollar Chile respecto de las inversiones, los minerales críticos y la infraestructura digital mencionados en la declaración conjunta.
Por ahora, el Gobierno ha destacado los beneficios de la cooperación internacional contra el crimen organizado y ha descartado que la adhesión implique autorizar operaciones militares en territorio nacional.
El alcance específico de las futuras acciones de cooperación, tanto en materia de seguridad como económica, dependerá de cómo se implementen los compromisos anunciados y de las decisiones que adopten las autoridades chilenas dentro del marco jurídico vigente.
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