Contraloría investigará inhibidores de señal intermitente en cárceles

La Contraloría ha iniciado una investigación en respuesta a denuncias que sugieren que los inhibidores de señales de teléfonos celulares en cárceles estarían funcionando únicamente durante el horario de almuerzo. Esta medida, anunciada en abril pasado por el ministro de Justicia, Luis Cordero, como parte de los esfuerzos del Gobierno para abordar la crisis de seguridad en el país, busca contrarrestar la coordinación de delitos por parte de reclusos.

Según confirmó el ministro Cordero, el sistema de inhibición de señales, implementado en tres cárceles de la región Metropolitana, utiliza tecnología israelí valorada en cerca de $10 mil millones. Además de la inhibición de señales, el sistema permite la georreferenciación de dispositivos y la detección de teléfonos celulares activos dentro de las instalaciones penitenciarias. La instalación y operación del sistema fue supervisada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) para evitar interferencias con las señales externas.

Sin embargo, una denuncia presentada ante la Contraloría por un grupo de diputados de la UDI, liderados por Juan Manuel Fuenzalida, Juan Antonio Coloma, Sergio Bobadilla, Fernando Bórquez y Henry Leal, sugiere que el proceso no está funcionando como se esperaba. Según la denuncia, aproximadamente el 30% de los dispositivos estarían activos de manera intermitente, operando solo durante el horario de almuerzo del personal de Gendarmería, es decir, desde el mediodía hasta las dos de la tarde aproximadamente.

Además, se ha señalado que la neutralización efectiva de las señales no se estaría logrando en todos los sectores de las cárceles, lo que permite que los internos continúen realizando grabaciones con sus teléfonos celulares. Estos videos, que incluyen contenido sexual y otras actividades inapropiadas, son compartidos en redes sociales como WhatsApp y Telegram, generando preocupación sobre la eficacia de los inhibidores de señal y la seguridad dentro de los centros penitenciarios.

La investigación de la Contraloría busca esclarecer estos supuestos problemas en el funcionamiento de los inhibidores de señal y determinar las medidas necesarias para garantizar su efectividad en la prevención de la actividad delictiva dentro de las cárceles del país.