Servicio Nacional de Patrimonio Cultural aprobó el traspaso de $98,1 millones a la Fundación Salvador Allende

A un mes y medio del estallido de la polémica por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende ubicada en calle Guardia Vieja, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat) aprobó una transferencia de $98.156.000 a la Fundación Salvador Allende para su funcionamiento general.

La resolución exenta n.º 225, firmada por el director nacional subrogante Gustavo Poblete, especifica que estos fondos están destinados a tareas de administración contable y general, conservación y actualización de la biblioteca, comunicaciones, desarrollo de contenido digital, y gestión documental. Además, se financiarán dos conversatorios enfocados en los valores de democracia, paz, solidaridad y derechos humanos, junto con iniciativas dirigidas a establecimientos educacionales públicos de nivel parvulario y escolar. También se contempla la instalación de una exposición permanente en la sala Fundación Salvador Allende, en el primer piso del Museo de la Solidaridad.

Aportes acumulados y destino de los fondos

Con esta nueva transferencia, el monto total entregado por Serpat a la Fundación durante el gobierno del presidente Gabriel Boric asciende a $295.454.248. La institución, actualmente presidida por Marcia Tambutti, nieta del exmandatario, ha recibido aportes en distintas fechas:

• Abril 2023: $85.060.000
• Noviembre 2023: $10.116.260
• Enero 2024: $88.037.000
• Septiembre 2024: $14.084.988

A pesar de estos recursos, la fundación ha atravesado dificultades económicas. En 2017, según reportes de prensa, tuvo que traspasar obras de arte para saldar deudas asociadas a su sede en calle República.

Detalle de la distribución de recursos

Del total de $98,1 millones aprobados en febrero, $88.136.120 (89,79%) se destinarán a gastos en personal, como remuneraciones, impuestos, honorarios, finiquitos y bonos.
El resto, $10.019.880, se utilizará en bienes y servicios, incluyendo gastos operativos, reparaciones y mantención.

El convenio establece que los fondos deben utilizarse exclusivamente para las actividades estipuladas y da margen para modificar hasta un 10% del plan original, previa autorización de Serpat. También permite financiar actividades como planificación, producción, contratación de servicios y viajes, tanto en Chile como en el extranjero.

En cuanto a inversiones, se autoriza de manera excepcional la compra de activos esenciales como equipos, muebles, software o mejoras de infraestructura. Sin embargo, se prohíbe pagar con estos fondos a funcionarios del Serpat o personas vinculadas directamente al servicio.

Las remuneraciones financiadas no podrán superar el equivalente a 138 UF brutas mensuales, es decir, $5.374.482. Cualquier excedente deberá ser cubierto por la propia fundación. Además, si no se ejecuta o rinde el total de los recursos, estos deberán ser restituidos al cierre del año.

La fallida compraventa y su conexión con la Fundación

En el marco de la investigación liderada por el fiscal Patricio Cooper, el abogado del Serpat José Cortés declaró que en marzo de 2024 se reunió con Felipe Vio (yerno de la senadora Isabel Allende) y el arquitecto Genaro Cuadros, quienes presentaron un proyecto para convertir la casa de calle Guardia Vieja en una Casa Museo Presidencial Salvador Allende.

La propuesta incluía la compraventa del inmueble por parte del Estado, para luego entregarlo en comodato a la fundación y establecer una nueva entidad administradora. Cortés señaló que expresó la necesidad de analizar la factibilidad legal y patrimonial del inmueble, así como la sostenibilidad del proyecto en el tiempo.

Momento clave

La entrega de nuevos fondos a la Fundación Salvador Allende ocurre en un contexto de cuestionamientos públicos y judiciales respecto a la gestión patrimonial ligada a la memoria del expresidente. Mientras se aclaran las responsabilidades en torno a la frustrada adquisición de la casa en Guardia Vieja, la fundación deberá rendir cuentas sobre la ejecución de los recursos entregados y la efectividad de sus actividades en el marco del convenio vigente.