El Cuerpo de Bomberos de Temuco presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional contra un comerciante local por presunta falsificación de facturas y cobro de servicios que nunca fueron prestados, por un total de $22.821.667.
La acción judicial fue impulsada tras detectarse, en una revisión contable correspondiente al primer semestre de 2025, una serie de irregularidades en documentos emitidos por Alejandro Olivares Pino, quien figura como propietario de un local comercial en avenida Balmaceda de Temuco. Al respecto, y según lo informado por la institución, se habrían identificado 33 facturas adulteradas, supuestamente vinculadas al Taller Mecánico de Bomberos, pero sin respaldo fáctico ni evidencia de ejecución de los trabajos.
Facturas falsas y firmas adulteradas
El caso fue detectado por la contadora institucional, quien alertó al Tesorero General del CBT, Felipe Veliz. Tras analizar la documentación, se descubrió que Olivares no contaba con inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos, lo que imposibilita la emisión legal de facturas. Además, dos facturas detectadas compartían el mismo número de emisión con fechas y conceptos distintos, lo que levantó mayores sospechas.
Las facturas presentadas contenían firmas escaneadas o digitalizadas de altos oficiales, como el Segundo Comandante y el Comandante de la institución, sin que estos hubiesen autorizado los pagos de manera presencial. Entre los conceptos cobrados falsamente figuran repuestos y mantenciones de carros bomba que, al ser verificados, no se habrían realizado.
Denuncia formal y medidas internas
El comunicado público emitido el 17 de junio de 2025 por el Cuerpo de Bomberos confirma que los antecedentes fueron puestos a disposición del Departamento Jurídico, que formalizó una denuncia ante el Ministerio Público. Además, se encomendó a la Comisión Contralora del Directorio General una investigación interna para esclarecer responsabilidades y detectar posibles casos similares.
«Como institución, reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y la probidad», indicó el comunicado, subrayando que la labor de los voluntarios no se verá afectada por esta situación.
El monto defraudado fue depositado directamente en una cuenta del Banco Ripley a nombre de Alejandro Olivares Pino. Dos facturas adicionales fueron detenidas antes de su pago. La institución confirmó que las facturas fueron creadas a partir de una plantilla digital manipulada por el o los responsables, quienes además habrían gestionado la incorporación del comerciante al registro oficial de proveedores del CBT.
La investigación sigue en curso y no se descarta la participación de funcionarios administrativos en la facilitación de estos pagos.
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