Hechos de violencia en la Macrozona sur cae a su nivel más bajo desde que rige el Estado de Emergencia

Durante julio solo se registró un hecho violento, según informe de la Multigremial de La Araucanía, lo que representa una caída del 83% respecto al mismo mes de 2024.

La Multigremial de La Araucanía publicó su informe mensual correspondiente a julio de 2025, registrando solo un hecho de violencia en toda la Macrozona Sur, lo que marca el nivel más bajo desde que se decretó el Estado de Emergencia Constitucional. Según el documento, la cifra representa una disminución del 83% respecto a julio de 2024.

El único hecho consignado corresponde a un atentado incendiario ocurrido el 19 de julio en Collipulli, provincia de Malleco, donde un camión forestal fue afectado.

De acuerdo con el balance, durante los primeros siete meses de 2025 se han contabilizado 31 hechos de violencia, con un promedio de 4,5 eventos mensuales. En total, desde enero de 2021 se han registrado 1.028 hechos violentos en la Macrozona Sur, de los cuales 627 ocurrieron durante el actual gobierno, que ha mantenido Estado de Emergencia en un 94,5% del tiempo (solo 68 días sin esta medida).

La región de La Araucanía concentra el 81% de los hechos de violencia ocurridos este año, con la provincia de Malleco como la zona más afectada, acumulando dos de cada tres atentados. En cuanto a los tipos de delito, los atentados incendiarios representan el 71%, seguidos por los ataques armados, que corresponden a uno de cada tres casos. Los homicidios frustrados equivalen al 6% del total.

Desde la Multigremial se plantea que los 44 meses de Estado de Emergencia vigentes en la Macrozona demuestran la falta de una estrategia efectiva de seguridad e inteligencia, señalando que es necesario pasar de disuadir a erradicar la violencia y avanzar hacia políticas de incentivo para la inversión y el desarrollo en el territorio.

El informe también critica duramente el abandono del Estado frente a las víctimas, recordando que entre 2019 y 2024 se produjeron 629 ataques incendiarios con pérdidas estructurales, generando un daño económico estimado en 124 millones de dólares. El 50% de las edificaciones destruidas eran viviendas o cabañas y un 30% galpones productivos.

En su parte final, el documento denuncia que muchas de estas propiedades siguen pagando contribuciones, a pesar de haber sido completamente destruidas, sin recibir protección ni reparación. Se exige un catastro oficial, la exención inmediata del pago de contribuciones y la devolución retroactiva de los tributos cobrados desde la fecha del atentado.

“El Estado chileno se comprometió a mirar a las víctimas y compensar el daño que han vivido por la falta de seguridad, pero hasta hoy no hay justicia, ni reconocimiento efectivo”, sostiene el informe.