El gremio de Agricultores Unidos advierte que la eventual introducción de trigo editado genéticamente requiere normas claras para proteger semillas nativas y garantizar la libre competencia en el mercado nacional.
La Araucanía, región que concentra el 42% de la producción nacional de trigo, se ha convertido en el epicentro del debate sobre la posible introducción de trigo editado genéticamente en Chile. Desde el Gremio de Agricultores Unidos, su presidente Camilo Guzmán valoró las medidas recientes anunciadas por las autoridades, pero advirtió que es urgente establecer certezas jurídicas que resguarden el patrimonio agrícola nacional.
“Necesitamos reglas claras y transparencia que eviten la contaminación genética, responsabilicen a quienes la provoquen y compensen a los productores afectados”, señaló Guzmán, recordando casos internacionales en México, Canadá y Australia, donde cultivos naturales fueron contaminados involuntariamente, generando pérdidas económicas y legales para los agricultores.
El dirigente también destacó que solo dos países en el mundo han aprobado este tipo de iniciativas, por lo que es indispensable evaluar a fondo los impactos legales, comerciales y de soberanía alimentaria antes de implementar cambios en Chile.
Guzmán criticó además el actual modelo de comercialización del trigo, marcado por un oligopsónio que impone precios arbitrarios a los productores: “Si este tipo de semillas ingresa al mercado sin regulación mínima, el escenario podría empeorar para los agricultores nacionales”.
El presidente del gremio cuestionó recientes cambios en la forma de transar el trigo: “Hoy se comercializa en base a su contenido de gluten, y ahora se habla de medirlo por fibra. ¿En qué momento cambiaron las reglas de la comercialización? ¿Se hará cargo el Gobierno de la falta de regulación para garantizar libre competencia real?”
Finalmente, Guzmán alertó que el problema no afecta solo al trigo, sino también al maíz, tomate industrial, avena, leche y carne, debido a un modelo oligopsónico que concentra el mercado en pocos compradores, deteriorando la rentabilidad del campo. “Desde el gremio valoramos los avances científicos, pero necesitamos certezas jurídicas y regulaciones claras para no ser usados como moneda de cambio, como ha ocurrido históricamente”, concluyó.
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