La norma regirá desde el año escolar 2026 y obliga a todos los establecimientos de educación básica y media a actualizar sus reglamentos para restringir el uso de teléfonos y otros dispositivos móviles. El Ministerio de Educación destacó la aprobación y advirtió que el éxito dependerá del compromiso de las familias.
El Congreso despachó este martes la ley que prohíbe el uso de celulares en las salas de clases en los niveles de educación básica y media, una medida que llevaba meses de debate y que finalmente avanzó sin votos en contra. Con esto, el proyecto quedó listo para su promulgación por parte del Ejecutivo.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, valoró el resultado como “un paso muy significativo”, sosteniendo que el uso descontrolado de dispositivos móviles se ha convertido en un problema extendido tanto en Chile como en el resto del mundo. Según el secretario de Estado, la regulación busca impulsar un cambio cultural y corregir una realidad marcada por altos niveles de conectividad y acceso a celulares desde edades tempranas.
Cataldo advirtió que la implementación real de la ley dependerá de manera crucial del involucramiento de las familias, señalando que sin ese apoyo la efectividad será limitada. Afirmó que el desafío está en avanzar hacia un uso responsable de la tecnología cuando existan normas claras que lo permitan.
Desde la Cámara de Diputados también hubo apoyo transversal. El diputado Diego Schalper (RN), impulsor de una de las mociones originales, aseguró que el uso indiscriminado de celulares “hace daño a los niños”, afectando la concentración y fomentando adicciones digitales. A su juicio, la prohibición dentro del aula “va en la dirección correcta”.
En una línea similar, el diputado Héctor Barría (DC) defendió la medida como una respuesta necesaria frente a la dependencia tecnológica, recordando que en muchos casos los teléfonos se utilizan para actividades ajenas al aprendizaje, incluyendo ciberacoso, edición de videos o consumo de contenidos que dispersan la atención.
En el Senado se realizaron ajustes claves, como reemplazar la definición de “medios tecnológicos de telefonía móvil” por la de “dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal”, una categoría más amplia que incluye equipos con acceso a internet y funciones de interacción digital. Además, se decidió excluir a la educación parvularia, limitando la prohibición a los niveles superiores.
La normativa entrará en vigencia al inicio del año escolar 2026, y los establecimientos tendrán hasta el 30 de junio de 2026 para actualizar sus reglamentos internos. La Superintendencia de Educación será la encargada de fiscalizar su cumplimiento. Para medir los efectos de la política, el Mineduc deberá presentar una evaluación nacional en 2030.


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