La diligencia, ordenada por el Ministerio Público, apunta al ex jefe de finanzas del Departamento de Educación Municipal. Mientras el municipio destaca “orden financiero” y colaboración con la justicia, el proceso suma sumarios, destituciones y una causa penal que podría derivar en formalizaciones.
Una diligencia encabezada por la Policía de Investigaciones (PDI) se realizó esta semana en el marco de una orden del Ministerio Público que dispuso la incautación del computador del ex jefe de finanzas del Departamento de Educación Municipal (DAEM) de Loncoche. La acción forma parte de una investigación penal por presuntas irregularidades administrativas y financieras al interior del servicio.
El alcalde Alexis Pineda Ruiz señaló que los antecedentes fueron denunciados por la actual administración y el Concejo Municipal en marzo de 2025, y que previamente —en enero de ese año— se instruyó un sumario administrativo tras detectarse eventuales anomalías en la gestión financiera. Según la autoridad, desde que se advirtieron falencias se activaron los mecanismos legales correspondientes.
El caso se enmarca en un proceso de revisión interna que comenzó en 2023. En ese contexto, se instruyó un sumario contra la entonces directora del DAEM, Manuela Vázquez, quien fue destituida en 2025. La sanción quedó firme luego de ser confirmada por la Corte Suprema de Chile. La exdirectora había sido nombrada por la administración anterior, poco antes del inicio del actual periodo alcaldicio.
Tras la detección de irregularidades y el reconocimiento de un escenario de desorden financiero, también se produjo la renuncia del entonces jefe de finanzas. Actualmente, existe un nuevo sumario administrativo en etapa de cierre, con cargos ya formulados, mientras el actual jefe de finanzas se mantiene suspendido en paralelo a la investigación penal.
Desde el municipio aseguran que el Ministerio Público lleva cerca de un año realizando diligencias y que la causa estaría en fase final, a la espera de una eventual formalización. No obstante, la incautación reciente evidencia que la investigación sigue activa y que aún restan actuaciones clave para determinar responsabilidades.
Aunque la administración comunal enfatiza que el DAEM hoy se encuentra “ordenado administrativa y financieramente”, con cuentas regularizadas y un déficit estructural acotado, el cúmulo de sumarios, destituciones y una causa penal abierta reflejan la magnitud de las irregularidades detectadas. La resolución judicial será la que finalmente establezca si los avances internos destacados por el municipio logran cerrar un capítulo que, hasta ahora, sigue bajo escrutinio.


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