Polémica en el Senado: Parlamentarios de La Araucanía votan a favor de ley que permitiría arresto domiciliario a reos mayores de 75 años

La iniciativa, aprobada por un estrecho margen de 23 votos contra 22, abriría la puerta para que figuras como Miguel Krassnoff, «La Quintrala» y otros criminales de alto perfil cumplan su condena fuera de la cárcel.

Una profunda división política y social ha generado la reciente aprobación en general por parte del Senado de un proyecto de ley que busca sustituir las penas de cárcel por arresto domiciliario total para reos mayores de 75 años. La medida, que ahora continúa su tramitación legislativa, ha encendido las alarmas debido a que no excluye explícitamente a condenados por crímenes de lesa humanidad ni a autores de delitos de alta connotación pública.

En el caso de la Región de La Araucanía, la votación de sus representantes fue clave. Según el registro oficial de la sesión, los senadores Carmen Gloria Aravena, independiente, pero de la derecha, y José García Ruminot (RN) votaron a favor de la iniciativa. Por el contrario, los senadores Francisco Huenchumilla (DC), Felipe Kast (Evópoli) y Jaime Quintana (PPD) no figuran en la lista de votos favorables, sumándose a la oposición o abstención que casi tumba el proyecto.

Los beneficiarios de la polémica El debate se centra en que la ley, tal como está redactada, permitiría que peligrosos delincuentes dejen los recintos penales. Entre los nombres que han surgido en el análisis se encuentran:

• Miguel Krassnoff Martchenko: El exbrigadier de la DINA que suma más de 1.000 años de condena por violaciones a los DD.HH.
• María del Pilar Pérez («La Quintrala»): Condenada por parricidio y homicidios calificados mediante sicariato. Actualmente tiene 74 años, por lo que estaría a meses de poder optar al beneficio.
• Hugo Bustamante («El asesino del tambor»): El autor del brutal crimen de Ámbar Cornejo tiene actualmente 60 años. Si bien le falta tiempo para la edad requerida, su condena a presidio perpetuo calificado es el tipo de penas que este proyecto busca flexibilizar en la vejez.

Críticos de la normativa señalan que esto representa una «impunidad disfrazada de humanidad», mientras que los impulsores defienden que se trata de una medida de dignidad para internos en edad avanzada. La discusión ahora se trasladará a las indicaciones particulares, donde se espera una batalla por excluir delitos graves de este beneficio.