Diputado Henry Leal insiste en prohibir que extranjeros irregulares accedan a beneficios sociales: El debate que agita la crisis migratoria

La iniciativa busca impedir que migrantes que ingresan por pasos no habilitados accedan a subsidios, asignaciones y programas del Estado, mientras expertos advierten que podría estigmatizar a personas vulnerables y no solucionar la crisis migratoria.

El diputado por la Región de La Araucanía, Henry Leal (UDI), insistió en que el Congreso apruebe esta semana un proyecto de ley presentado en abril del año pasado por las bancadas de Chile Vamos, cuyo objetivo es impedir que los extranjeros en situación irregular puedan acceder a beneficios sociales. Entre estos se incluyen subsidios eléctricos, de arriendo, asignaciones familiares y maternales, bonos de empleo juvenil y programas sujetos al Registro Social de Hogares. Leal sostiene que la medida sería un desincentivo frente al ingreso por pasos clandestinos, fenómeno que, según él, ha aumentado en los últimos años.

El parlamentario explicó que actualmente los migrantes que ingresan por pasos no habilitados pueden acceder a los beneficios si obtienen un Rol Único Nacional (RUN) provisorio, tramitado en el Registro Civil. A su juicio, esto “abre la puerta a que muchas personas opten por ingresar de manera clandestina, como ya está ocurriendo”. Por ello, insistió en que la inscripción en el Registro Social de Hogares u otros instrumentos socioeconómicos requerirá contar con una cédula de identidad vigente otorgada por el Estado.

Sin embargo, especialistas y organizaciones sociales advierten que la propuesta no soluciona la presión sobre los sistemas de ayuda ni aborda las causas de la migración irregular. Señalan que la medida podría generar estigmatización y exclusión de personas que, pese a estar en situación irregular, dependen de estas ayudas para sobrevivir. Actualmente, los únicos beneficios restringidos a extranjeros irregulares son la Pensión Garantizada Universal (PGU) y los subsidios habitacionales, dejando en evidencia que el proyecto busca más control que protección social.

Leal insistió en que la medida responde al “sentido común” y a la necesidad de que los recursos limitados del Estado lleguen a quienes cumplen la ley, descartando que se afecten derechos básicos como la salud. No obstante, la discusión ha reabierto el debate sobre cómo compatibilizar la política migratoria con la protección social, sin recurrir a medidas que puedan profundizar la vulnerabilidad de quienes ya enfrentan condiciones difíciles.