El Instituto Nacional de Derechos Humanos en La Araucanía solicitó antecedentes al Hospital Regional Hernán Henríquez Aravena tras denuncias de pacientes oncológicas que acusan interrupciones en sus tratamientos por falta de fármacos. La situación vuelve a poner en cuestión la capacidad del sistema público para garantizar terapias críticas en enfermedades de alta complejidad.
La sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en La Araucanía ofició al Hospital Regional Hernán Henríquez Aravena de Temuco y solicitó información oficial luego de recibir denuncias de pacientes oncológicas que acusan incumplimientos en la entrega de medicamentos esenciales para sus tratamientos.
Según informó el jefe regional del INDH, Federico Aguirre, el organismo activó gestiones administrativas y judiciales con el objetivo de resguardar el acceso a terapias médicas para personas que enfrentan enfermedades graves. “En cumplimiento de nuestro mandato de promover y proteger los derechos humanos de quienes habitan el territorio, el INDH ha promovido acciones para permitir que pacientes que padecen graves enfermedades puedan acceder a medicamentos y, en última instancia, al derecho humano a la salud y a una vida digna”, señaló.
La intervención se originó tras conocerse casos de mujeres cuyos tratamientos fueron interrumpidos o postergados, pese a contar con la aprobación de los comités técnicos correspondientes. En uno de los episodios, gestiones ante el Servicio de Salud Araucanía Sur permitieron destrabar, después de varios meses, la compra del fármaco requerido. Sin embargo, en otro caso el recinto asistencial habría argumentado falta de financiamiento para suministrar la terapia, lo que generó preocupación entre pacientes y organizaciones.
Desde el INDH recordaron que el Estado tiene la obligación de garantizar la disponibilidad de bienes y servicios de salud, en línea con los estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En ese marco, advirtieron que el acceso oportuno a medicamentos esenciales debe ser una prioridad real dentro de la red pública, especialmente cuando se trata de enfermedades que requieren tratamientos continuos.
El organismo también enfatizó que el derecho a la salud implica el acceso al más alto nivel posible de bienestar físico y mental, lo que supone contar con establecimientos, personal médico, programas y fármacos suficientes para responder a las necesidades de la población. En ese contexto, la falta o retraso en medicamentos para pacientes oncológicos vuelve a abrir cuestionamientos sobre las brechas del sistema público en regiones como La Araucanía.
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