Debate por indultos: INDH responde al anuncio del Gobierno y cuestiona su aplicación en casos de violaciones a los DD.HH.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos advirtió que la revisión de indultos particulares anunciada por el Ejecutivo debe respetar los estándares internacionales, especialmente cuando se trata de condenas por graves violaciones a los derechos humanos, ya que una decisión de este tipo podría implicar responsabilidades para el Estado.

Tras el anuncio del Ejecutivo de iniciar una revisión exhaustiva caso a caso para evaluar la concesión de indultos particulares, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) emitió una declaración pública en la que plantea reparos respecto de la eventual aplicación de esta medida en casos vinculados a graves violaciones a los derechos humanos.

Desde el organismo recordaron que, si bien la legislación chilena contempla la facultad presidencial de otorgar indultos particulares en determinadas circunstancias, esta atribución no es absoluta. Según el INDH, su ejercicio debe respetar las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, especialmente cuando se trata de delitos considerados especialmente graves.

En ese contexto, el organismo enfatizó que conductas como la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes están prohibidas de forma absoluta por el derecho internacional, lo que obliga a los Estados no solo a prevenir estos delitos, sino también a investigarlos y sancionarlos de manera proporcional a su gravedad.

El instituto advirtió además que conceder indultos en casos de violaciones graves a los derechos humanos antes de que se haya cumplido una parte sustantiva de la condena podría contravenir estos estándares y eventualmente generar responsabilidad internacional para el Estado de Chile.

Finalmente, el INDH subrayó que el respeto a la dignidad humana y la protección de los derechos fundamentales requiere un compromiso firme con la justicia. En ese sentido, sostuvo que medidas como los indultos en este tipo de delitos también deben considerar su impacto en las víctimas, sus familias y en la percepción social respecto de posibles escenarios de impunidad.