El monto existe, pero no fue fijado directamente por el Presidente. La polémica se centra ahora en la responsabilidad política y el uso de recursos públicos.
En medio del debate público, se viralizó la afirmación de que el Presidente José Antonio Kast habría elevado el sueldo de sus asesores a casi $10 millones mensuales. Sin embargo, la información ha sido calificada como engañosa, ya que el monto no fue definido directamente por el mandatario, sino por la Comisión para la Fijación de Remuneraciones.
El punto central es que, si bien el nuevo marco permite que asesores estratégicos puedan alcanzar hasta $9.963.058, este límite responde a una estructura previamente establecida y no a una decisión unilateral del Ejecutivo. Aun así, el cambio en los topes reabre una discusión más amplia sobre el gasto público.
¿Dónde está realmente el conflicto?
Si el Presidente no fijó los sueldos, ¿por qué se instala la polémica?
La interrogante surge porque, aunque el límite fue determinado por un órgano autónomo, su aplicación ocurre bajo la actual administración. Esto implica que el gobierno tiene margen para definir cuánto se paga efectivamente dentro de esos rangos, lo que traslada el debate desde lo técnico hacia lo político.
Un contraste que tensiona
El escenario también se compara con el periodo de Gabriel Boric, donde los asesores del denominado “Segundo Piso” tenían un tope cercano a los $5,5 a $6 millones. La diferencia instala una pregunta de fondo sobre los criterios utilizados en la asignación de recursos.
Más que cifras: prioridades
Más allá de quién fijó el monto, la discusión apunta a si es coherente permitir sueldos cercanos a los $10 millones en un contexto de restricciones fiscales y discursos centrados en la austeridad.
En ese sentido, el foco deja de estar únicamente en el origen técnico de la medida y se traslada a su impacto político: cuánto está dispuesto a pagar el Estado por asesoría estratégica y bajo qué prioridades.
El debate no es solo si la afirmación es verdadera o falsa, sino cómo se construyen las responsabilidades en la gestión pública. La diferencia entre una decisión técnica y su aplicación política es, hoy, el centro de la controversia.
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