La rebaja presupuestaria impulsada por el Gobierno tensiona el debate en el Congreso, con advertencias sobre su impacto en Carabineros y la capacidad operativa del Estado.
El recorte del 3% al presupuesto de los ministerios instruido por el Gobierno también alcanzó al área de Seguridad Pública, donde el ajuste proyectado llega a $72.669 millones, encendiendo alertas en el Congreso por su impacto en un sector clave en medio de la crisis de seguridad.
La medida fue abordada en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, donde parlamentarios cuestionaron directamente la coherencia de aplicar rebajas en un ámbito que el propio Ejecutivo ha definido como prioritario.
Uno de los puntos más sensibles es la disminución de recursos en gastos de personal y mantenimiento de Carabineros de Chile, lo que podría afectar funciones operativas como la mantención de cuarteles y vehículos policiales.
El subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, defendió el ajuste señalando que “la rebaja propuesta es de $4.700 millones”, precisando que impactará en tareas operacionales habituales. No obstante, argumentó que durante el año pasado existió una subejecución de $13.000 millones, lo que —según el Gobierno— justificaría la reducción.
¿Ajuste técnico o señal política contradictoria?
Pese a la explicación del Ejecutivo, las dudas no se disiparon. Desde distintos sectores advirtieron que este tipo de decisiones podría debilitar la capacidad de respuesta del Estado frente al aumento de la delincuencia.
El diputado republicano Enrique Bassaletti fue uno de los más críticos, solicitando explícitamente excluir a las policías de este recorte. “Hay una falta de consecuencia con la crisis respecto de a quién se le quiere disminuir el presupuesto”, afirmó.
Desde la otra vereda política, el diputado independiente de la bancada comunista Bernardo Salinas también cuestionó la medida, poniendo el foco en la baja inversión estructural en seguridad. Según indicó, Chile mantiene niveles de gasto por debajo de estándares internacionales incluso antes de esta rebaja.
Tensión en el Congreso y revisión pendiente
El debate deja instalada una interrogante de fondo: si es viable ajustar el gasto en seguridad sin afectar la operatividad policial en un contexto de alta demanda ciudadana por mayor control del delito.
Por ahora, el recorte no está completamente definido. Las observaciones de los parlamentarios fueron recogidas por el Ejecutivo, y la propuesta deberá ser revisada por la Dirección de Presupuestos antes de su eventual implementación.
¿Puede el Estado recortar en seguridad sin debilitar su capacidad de respuesta, o este ajuste abre un nuevo flanco en la crisis?
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