La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente y la PDI desplegaron allanamientos en diez domicilios y dependencias del Congreso Nacional por una investigación sobre presuntas coimas y corrupción en licitaciones del Programa de Alimentación Escolar. Entre las personas alcanzadas por las diligencias aparecen los senadores Sergio Gahona y Miguel Ángel Calisto y el exdiputado Hugo Gutiérrez, quien no fue encontrado en los domicilios registrados y mantenía su teléfono apagado.
Una investigación por eventuales delitos de corrupción vinculados a millonarias licitaciones de alimentación escolar escaló este jueves 20 de agosto hasta el Congreso Nacional.
La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), ejecutó una serie de allanamientos e incautaciones de teléfonos celulares, computadores y documentación en distintas regiones del país, incluyendo oficinas del Senado y dependencias de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).
Las diligencias fueron autorizadas por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y forman parte de una investigación relacionada con contratos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), principalmente aquellos adjudicados a la empresa Soser S.A.
Entre las figuras políticas alcanzadas por las pesquisas aparecen los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (independiente), además del exdiputado y exconvencional Hugo Gutiérrez (PC). Las oficinas de ambos senadores en el Congreso fueron objeto de diligencias durante la mañana.
PDI no logró ubicar a Hugo Gutiérrez
Uno de los episodios que marcó el operativo ocurrió con Hugo Gutiérrez.
Según antecedentes conocidos durante la jornada, los investigadores acudieron tanto a su oficina como a los domicilios que mantenían registrados, pero no lograron encontrar al exparlamentario.
A ello se sumó que los detectives tampoco pudieron acceder a su teléfono celular, debido a que el aparato permanecía apagado o fuera de servicio.
La situación, sin embargo, no significa que Gutiérrez se encuentre prófugo ni que exista una orden de detención en su contra. La Fiscalía confirmó que, hasta esta tarde, la investigación se mantenía reservada y no existían personas detenidas.
Horas después de conocerse que no había podido ser ubicado durante las diligencias, Gutiérrez reaccionó públicamente a través de su cuenta en X y negó haber recibido o pagado coimas.
El exdiputado aseguró que nunca utilizó su cargo para obtener beneficios personales o favorecer a terceros y sostuvo que durante su labor parlamentaria actuó dentro de la legalidad.
Diez domicilios allanados y más de 80 detectives desplegados
La fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, informó que se ejecutaron órdenes de entrada y registro en diez domicilios.
El operativo movilizó a más de 80 funcionarios policiales en distintas comunas de la Región Metropolitana y en ciudades como Iquique, Copiapó, La Serena y Coyhaique.
Durante las diligencias fueron incautados computadores, teléfonos celulares y documentación que será analizada como parte de la investigación.
La persecutora explicó que las pesquisas se concentran inicialmente en las licitaciones de alimentación escolar de la Región de O’Higgins, aunque advirtió que los antecedentes podrían demostrar que situaciones similares se habrían producido en otras zonas del país.
Presuntas coimas para favorecer licitaciones
La investigación apunta a determinar la eventual existencia de un mecanismo mediante el cual se habría favorecido a la empresa Soser S.A. en procesos de licitación relacionados con alimentación escolar.
Entre las irregularidades descritas en los antecedentes judiciales aparecen presuntas sobredeclaraciones de raciones, falsificación de certificados que habrían permitido pagos improcedentes con recursos públicos y alteración de información vinculada a los servicios entregados.
Pero las pesquisas posteriormente avanzaron hacia una eventual trama de corrupción más amplia.
Según los antecedentes recopilados por el Ministerio Público, se indaga si existieron pagos o beneficios destinados a funcionarios públicos para conseguir información reservada, favorecer adjudicaciones y evitar o disminuir fiscalizaciones.
La causa contempla eventuales delitos de fraude al Fisco, soborno, cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias y revelación de secreto, entre otras figuras que deberán ser determinadas durante el avance de la investigación.
Fiscalía apunta a eventual cohecho de parlamentarios
Respecto de los parlamentarios incluidos en las diligencias, la fiscal Constanza Encina confirmó que se investigan eventuales delitos de cohecho.
El senador Sergio Gahona reaccionó durante la tarde y aseguró que colaboró con el procedimiento de la PDI.
“Estoy tranquilo. He colaborado activamente en esta diligencia”, señaló el parlamentario, agregando que confía en que la investigación determinará que no existieron irregularidades en sus actuaciones.
La resolución judicial que permitió las diligencias no establece responsabilidad penal de las personas mencionadas. Los allanamientos, incautaciones y demás medidas buscan recopilar antecedentes para establecer si existieron delitos y cuál habría sido la eventual participación de cada involucrado.
La investigación permanece en desarrollo y bajo carácter reservado.
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