Tras el crimen de una inspectora en Calama, el Ejecutivo busca respaldar y extender el uso de pórticos de seguridad, una práctica que ya se aplica en ciertos colegios del país.
El Gobierno puso sobre la mesa la instalación de detectores de metales en colegios tras el asesinato de una inspectora en Calama, aunque se trata de una medida que no es completamente nueva y que ya ha sido implementada en algunos establecimientos municipales del país.
La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, señaló que, en el marco de la ley de convivencia escolar, se busca facilitar el uso de tecnologías que permitan detectar el ingreso de armas, como ocurrió en el ataque que dejó una víctima fatal y cuatro personas heridas en el Instituto Obispo Silva Lezaeta.
Si algunos colegios ya utilizan estos sistemas, ¿por qué recién ahora se instala como política pública?
El anuncio del Ejecutivo apunta a dar respaldo normativo y ampliar el uso de estos dispositivos, en medio de un escenario donde la violencia escolar ha mostrado señales de escalamiento. La idea es que más establecimientos puedan implementar pórticos de seguridad con apoyo institucional.
El hecho que gatilló la discusión ocurrió durante la mañana, cuando un estudiante de cuarto medio atacó con un arma blanca a compañeros y funcionarios. La agresión terminó con la muerte de una inspectora de 59 años, generando impacto a nivel nacional.
Desde el Ministerio de Educación, se confirmó que la normativa está en etapa de promulgación y que se apoyará a los colegios que opten por incorporar estos mecanismos.
En paralelo, el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile advirtió que este tipo de situaciones no son aisladas y que la violencia en contextos escolares viene siendo alertada desde hace tiempo.
El foco institucional se traslada hacia el control. Pero el debate de fondo sigue tensionando al sistema: ¿es esta una solución efectiva o solo una respuesta tardía a una crisis más profunda?
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