La imputada Carolina Jaqueline Padilla Manquel fue formalizada por tráfico de drogas, tenencia ilegal de arma de fuego y municiones. El tribunal sostuvo que mantenía un rol de liderazgo dentro de una estructura familiar vinculada a plantaciones de cannabis, uso de armas y episodios de violencia rural en La Araucanía.
El Juzgado de Garantía de Collipulli decretó este miércoles la medida cautelar de prisión preventiva contra Carolina Jaqueline Padilla Manquel, imputada como autora de los delitos consumados de tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de arma de fuego prohibida y tenencia ilegal de municiones, tras concluir que su libertad representa un peligro de fuga y un riesgo para la seguridad de la sociedad.
La resolución judicial se dictó luego de una extensa audiencia en que Fiscalía expuso antecedentes obtenidos mediante interceptaciones telefónicas, sobrevuelos policiales y diligencias de entrada y registro realizadas en un domicilio rural de Collipulli, donde fueron descubiertos invernaderos con cientos de plantas de cannabis, droga en proceso de secado, armas, municiones y más de cuatro millones de pesos en efectivo.
Tribunal apuntó a una estructura familiar organizada
Durante la audiencia, la magistrada sostuvo que los antecedentes reunidos permiten establecer la existencia de una organización familiar dedicada al tráfico de cannabis, donde Carolina Padilla no cumplía un rol secundario, sino que mantenía una posición de coordinación y toma de decisiones.
Según se expuso, en el inmueble allanado se encontraron cerca de 500 plantas de cannabis, muchas de ellas con sumidades floridas listas para ser cosechadas y distribuidas. Además, se halló marihuana secándose en distintas dependencias del predio, incluyendo un horno instalado en un quincho y entretechos de galpones y viviendas.
El tribunal remarcó que las interceptaciones telefónicas revelan operaciones de venta de droga en cantidades importantes, mencionándose transacciones de 100 gramos, 400 gramos e incluso un kilo de marihuana, con montos que superaban los 400 mil pesos.
“Posición matriarcal” dentro del grupo
Uno de los elementos que más marcó la resolución fue la descripción realizada por la jueza respecto del rol de la imputada dentro del grupo familiar.
La magistrada señaló que Carolina Padilla “asume una especie de posición matriarcal”, indicando que no solo conocía el funcionamiento de la organización, sino que también intervenía directamente en decisiones vinculadas al manejo de armas, protección del grupo y coordinación interna.
Entre las conversaciones interceptadas aparece una llamada donde, tras un conflicto relacionado con daños a un vehículo, se escucha que se debía llevar un revólver guardado en una “casaca verde”, lugar que posteriormente coincidió con los hallazgos efectuados por la policía durante el allanamiento.
La jueza también mencionó otra interceptación donde la imputada identificaba qué plantas pertenecían a distintos integrantes de la organización, lo que, a juicio del tribunal, demuestra pleno conocimiento sobre la distribución y operación del cultivo ilegal.
Arma con número de serie borrado y municiones
En el procedimiento policial también se encontró un arma de fuego con el número de serie eliminado, situación que legalmente la transforma en un arma prohibida.
Junto con ello, fueron incautadas municiones de distintos calibres, incluyendo cartuchos de escopeta y proyectiles para armas cortas.
El tribunal sostuvo que la evidencia demuestra que los integrantes del grupo no solo conocían la existencia de las armas, sino que además les daban uso, vinculando parte de estas conductas a hechos de violencia ocurridos en la zona.
Fiscalía vinculó investigación con clima de violencia rural
Otro de los aspectos abordados en la audiencia fue el contexto en que operaba la organización investigada.
La resolución judicial hace referencia a interceptaciones telefónicas donde uno de los imputados invitaba a terceros a disparar contra Carabineros y a gestionar la compra de armas. Según indicó la magistrada, estas conversaciones coinciden temporalmente con ataques armados registrados en la provincia de Malleco, donde funcionarios policiales resultaron heridos.
Asimismo, el tribunal describió la existencia de una red de vigilancia destinada a alertar sobre ingresos policiales a comunidades rurales, permitiendo ocultar evidencia o evitar detenciones.
En una de las escuchas, Jorge Padilla habría advertido a Carolina Padilla sobre el ingreso de Carabineros y la PDI al sector, instruyéndole sacar “lo importante” del domicilio.
Tribunal consideró acreditado peligro de fuga
La jueza también fundamentó la prisión preventiva en el comportamiento procesal de la imputada.
Según se expuso en audiencia, Carolina Padilla mantenía una orden de detención vigente desde principios de 2021 y permaneció prófuga durante varios años, pese a conocer que otros integrantes de su familia ya habían sido condenados en esta misma causa.
El tribunal estimó que aquello configura un riesgo concreto de fuga, sumándose a la gravedad de los delitos investigados y al peligro para la seguridad de la sociedad.
Finalmente, el tribunal ordenó el ingreso de la imputada al Centro de Detención Preventiva de Angol y fijó un plazo de dos meses de investigación.
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