Auditoría destapa millonaria deuda en Becas Chile: incumplimientos superan los $100 mil millones

Informe detectó cerca de 1.800 beneficiarios con obligaciones pendientes, mientras el Gobierno anunció medidas de revisión y recuperación de recursos públicos.

Una auditoría al programa Becas Chile reveló que alrededor de 1.800 beneficiarios mantienen incumplimientos asociados a las obligaciones establecidas al momento de recibir financiamiento estatal para estudios de posgrado en el extranjero. Según los antecedentes dados a conocer, la deuda acumulada alcanzaría los $100 mil millones.

De acuerdo con la revisión, una parte importante de los casos corresponde a personas que no habrían acreditado su retorno al país o el cumplimiento de otros compromisos contemplados en los convenios suscritos con el Estado. Las estimaciones indican que cerca del 70% de la deuda estaría relacionada con beneficiarios que no demostraron haber regresado a Chile en los términos exigidos por el programa.

La situación fue abordada por autoridades de Gobierno en el Congreso, donde se informó sobre la magnitud de los incumplimientos detectados y las acciones que se evalúan para enfrentar el escenario.

En ese contexto, el Ministerio de Ciencia anunció la suspensión de las convocatorias de Becas Chile para magísteres y posdoctorados durante 2026, mientras se desarrolla una revisión integral del programa y de sus mecanismos de control.

Por su parte, desde el Ministerio de Hacienda se indicó que se impulsarán medidas destinadas a recuperar los recursos adeudados, considerando el impacto fiscal que representa la cifra detectada por la auditoría.

Otro de los antecedentes que surgieron a partir del informe apunta a la distribución de los beneficiarios. La auditoría identificó una alta concentración de becarios en comunas de mayores ingresos, lo que abrió un debate respecto de los criterios utilizados para la asignación de estos recursos públicos y los mecanismos de fiscalización posteriores.

El caso ha generado cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para supervisar el cumplimiento de las obligaciones asociadas a programas financiados con recursos fiscales, especialmente cuando involucran estudios realizados fuera del país.