Una carta fechada el 26 de agosto y recibida por Novena Digital este 27 acusa al excomisionado de un supuesto “abandono irregular” y pide que reintegre recursos al Estado. Sin embargo, los registros oficiales muestran que participó hasta el cierre de la instancia, votó contra el informe final y desempeñó el cargo ad honorem.
Cinco dirigentes de comunidades mapuche de La Araucanía dirigieron una carta a la contralora general de la República, Dorothy Pérez, para solicitar una investigación sobre los recursos económicos asociados a la participación de Sebastián Naveillán Mebus en la Comisión para la Paz y el Entendimiento.
El documento está fechado el 26 de agosto de 2026 y fue recibido por Novena Digital este jueves 27. La misiva acusa a Naveillán de un supuesto “abandono irregular” de sus funciones y sostiene que su actuación habría generado consecuencias económicas para el Estado y un daño al pueblo mapuche.
La carta está firmada por Héctor Urbina Huircaleo, de la Comunidad Boyeco de Lumaco; Salvador Penchulef, de la Comunidad Peñeipil de Galvarino; Horacio Lican, de la Comunidad Purrime de Loncoche; Heraldo Avendaño, de la Comunidad Curacautín; y Juan Llancao, de la Comunidad Llamuco de Vilcún.
Los firmantes formulan tres solicitudes: investigar los recursos utilizados por Naveillán como comisionado, exigirle la restitución íntegra de esos fondos al erario nacional y destinar los montos recuperados a comunidades mapuche como una forma de reparación.
La misiva no identifica una cifra específica, tampoco adjunta rendiciones, comprobantes de gastos ni precisa el momento o la acción mediante la cual Naveillán habría abandonado anticipadamente sus funciones.
REGISTROS OFICIALES NO MUESTRAN UNA RENUNCIA
La Comisión para la Paz y el Entendimiento fue creada mediante el Decreto Supremo N.º 14 de 2023 como un organismo asesor del Presidente de la República. Su propósito fue elaborar un diagnóstico sobre las demandas territoriales mapuche y formular propuestas para avanzar hacia una solución institucional.
El decreto incorporó a Sebastián Naveillán como uno de sus ocho integrantes y estableció que los comisionados desempeñarían sus funciones ad honorem, es decir, sin recibir una remuneración por ejercer el cargo.
La carta sostiene que los integrantes asumieron compromisos formales con el Gobierno y con el pueblo mapuche, con consecuencias jurídicas. Sin embargo, el decreto define a la Comisión como una instancia presidencial de carácter asesor y no establece un contrato bilateral en los términos descritos por los firmantes.
Los registros públicos disponibles tampoco muestran que Naveillán haya renunciado o dejado la Comisión antes de su término. El excomisionado participó en la última sesión, realizada telemáticamente el 30 de abril de 2025, y votó contra el informe final, que fue respaldado por los otros siete integrantes.
Posteriormente, Naveillán asistió a la ceremonia de entrega del documento al entonces presidente Gabriel Boric, efectuada el 6 de mayo de 2025. Una resolución oficial emitida en julio del mismo año estableció que la Comisión cumplió su mandato y entregó su informe final.
La instancia había fijado la unanimidad como criterio para sus recomendaciones, pero el documento terminó siendo entregado con siete votos favorables y uno contrario. Con estos antecedentes, el principal conflicto fue el voto disidente de Naveillán y no una renuncia o retiro anticipado acreditado públicamente.
COMISIONADOS NO RECIBIERON SUELDO
De acuerdo con cifras de ejecución presupuestaria de la Dirección de Presupuestos divulgadas públicamente, el funcionamiento completo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento tuvo un costo cercano a los $1.558 millones entre 2023 y 2025.
Ese monto correspondió al funcionamiento general de la instancia e incluyó contratación de personal, equipos técnicos, estudios, organización de sesiones, arriendo de dependencias, alimentación, traslados y alojamiento, entre otros servicios.
La cifra, por lo tanto, no corresponde a una remuneración pagada a Naveillán. Hasta ahora tampoco existe un desglose público que permita establecer cuánto del presupuesto total fue destinado exclusivamente a gastos asociados a su participación.
Una eventual restitución requeriría acreditar que existió un desembolso improcedente o contrario a la normativa. Asimismo, la asignación de eventuales recursos recuperados a comunidades mapuche necesitaría una decisión legal y presupuestaria del organismo competente, ya que no se produciría automáticamente como consecuencia de una fiscalización.
SIN FOLIO DE INGRESO
La copia recibida por Novena Digital no contiene timbre, comprobante de recepción ni número de folio de la Contraloría General de la República.
Por esta razón, el documento permite confirmar la existencia de la solicitud dirigida a Dorothy Pérez, pero no acreditar todavía que haya sido ingresada formalmente ni que el organismo fiscalizador haya iniciado una investigación.
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