La comunidad educativa de la Escuela Particular Luis Israel, establecimiento particular subvencionado de Padre Las Casas, presentó una querella criminal luego de que más de $50 millones provenientes de subvenciones escolares fueran embargados y retirados en el marco de un juicio laboral. La acción denuncia que se habrían utilizado documentos y pruebas presuntamente falsificados para obtener el pago de recursos destinados a estudiantes, funcionamiento del establecimiento y remuneraciones docentes.
La plata tenía destino educacional. Terminó embargada.
Más de $50 millones provenientes de subvenciones escolares de la Escuela Particular Luis Israel de Padre Las Casas fueron retirados en el marco de un juicio laboral, situación que ahora escaló a la justicia penal mediante una querella por hechos que los denunciantes califican como uso malicioso de instrumento privado falso, presentación de prueba falsa en juicio y estafa procesal.
La acción fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Temuco por integrantes de la comunidad educativa del establecimiento particular subvencionado, quienes sostienen que el cobro habría sido obtenido utilizando antecedentes irregulares dentro de una causa laboral.
El conflicto se remonta al juicio RIT O-28-2023 del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, iniciado por una exdocente.
UNA FIRMA BAJO SOSPECHA
Uno de los principales antecedentes incorporados en la querella corresponde a un anexo de contrato presentado como prueba durante el juicio laboral.
Según los querellantes, el documento contenía una firma atribuida al representante legal de la Escuela Particular Luis Israel que habría sido falsificada.
La acción judicial sostiene que posteriormente se habría realizado un peritaje caligráfico judicial, cuyo resultado habría concluido que la firma cuestionada no correspondía al representante legal del establecimiento.
De confirmarse penalmente esos antecedentes, la investigación deberá establecer quién confeccionó el documento, cómo llegó hasta el proceso laboral y qué incidencia tuvo dentro del juicio que posteriormente permitió ejecutar el cobro.
LIBROS DE CLASES TAMBIÉN SON CUESTIONADOS
La denuncia no se limita al supuesto anexo contractual.
La comunidad educativa también acusa la utilización de registros audiovisuales de libros de clases que habrían sido alterados, con el objetivo de acreditar materias o actividades que, según la querella, no habrían sido impartidas.
Estos antecedentes, sostiene la acción penal, habrían sido incorporados al proceso laboral y habrían contribuido a una resolución que terminó permitiendo el retiro de más de $50 millones.
Y ahí aparece el punto más sensible del caso.
No se trataba simplemente de dinero perteneciente a una empresa privada. Según la querella, los fondos involucrados correspondían a subvenciones escolares provenientes del Ministerio de Educación, destinadas al funcionamiento del establecimiento, materiales para estudiantes y pago de remuneraciones docentes.
MÁS DE $50 MILLONES FUERA DE LAS CUENTAS DEL COLEGIO
Tras el juicio laboral se inició la etapa de cumplimiento, instancia en la que se habría concretado el embargo y retiro de más de $50 millones desde cuentas asociadas a subvenciones educacionales.
Recursos públicos destinados a educación terminaron así utilizados para cumplir una obligación judicial cuya base probatoria ahora está siendo cuestionada en sede penal.
El abogado querellante, Juan Pablo Jaramillo, sostuvo que el caso supera un conflicto laboral entre particulares.
“Aquí no estamos frente a un simple conflicto laboral. Lo que estamos denunciando es que se habría utilizado la justicia laboral para terminar afectando recursos públicos que la ley destina exclusivamente a la educación”, afirmó.
El profesional agregó que los fondos involucrados estaban destinados al funcionamiento del establecimiento, materiales para los estudiantes y remuneraciones de profesores.
“Si alguien obtiene esos recursos mediante antecedentes falsos, estamos frente a una situación que debe ser investigada con toda la profundidad y rigor que corresponde”, señaló.
QUERELLA CONTRA EXDOCENTE Y ABOGADO
La acción penal fue presentada contra la exdocente Benedicta Valeska Martínez Carvallo y el abogado Carlos Canales Cáceres.
Los querellantes atribuyen hechos que, según su presentación judicial, podrían configurar los delitos de uso malicioso de instrumento privado falso, presentación de prueba falsa en juicio y estafa procesal.
Será el Ministerio Público el encargado de investigar los antecedentes y determinar si existen responsabilidades penales.
Hasta ahora, las acusaciones corresponden a lo planteado en una querella y no existe una sentencia penal condenatoria contra las personas mencionadas.
PIDEN ASEGURAR BIENES Y CUENTAS
La comunidad educativa también solicitó la adopción de medidas cautelares reales sobre inmuebles, vehículos y cuentas bancarias de los querellados por hasta $50 millones.
El objetivo, según la acción, es resguardar patrimonio que eventualmente pueda permitir la restitución de los recursos en caso de que la investigación penal determine responsabilidades.
Jaramillo sostuvo que recuperar los fondos es uno de los objetivos principales de la comunidad.
“Nuestra obligación es defender los recursos destinados a los niños y niñas y buscar que estos fondos sean restituidos. La investigación penal tendrá que determinar las responsabilidades”, señaló.
La comunidad educativa además anunció que pondrá los antecedentes en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado (CDE), considerando que se trata de dineros provenientes de subvenciones financiadas por el Estado.
DE LA SALA DE CLASES AL EMBARGO
La investigación penal deberá ahora resolver una pregunta bastante menos académica que las que normalmente se responden dentro de un colegio: cómo más de $50 millones destinados a educación terminaron embargados mediante un procedimiento judicial donde parte de la evidencia utilizada está hoy cuestionada por presunta falsificación.
Los recursos tenían un destino establecido: estudiantes, profesores y funcionamiento escolar.
Cómo terminaron fuera de las cuentas de la Escuela Particular Luis Israel será ahora materia de investigación.
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