Un informe elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la Dirección de Presupuestos plantea reemplazar al actual Instituto Nacional de la Juventud y terminar con su rol como ejecutor directo de programas. La propuesta contempla una nueva institucionalidad centrada en estudios, asesoría técnica y coordinación de políticas públicas. En La Araucanía, donde actualmente quedan solo tres funcionarios, los trabajadores advierten que el cambio podría profundizar la pérdida de presencia territorial.
El futuro del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) entró en una etapa decisiva. Un informe oficial elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia junto a la Dirección de Presupuestos (Dipres) propone reemplazar al actual organismo y modificar de manera profunda las funciones que mantiene desde hace más de tres décadas.
El documento, denominado “Informe de Rediseño del Instituto Nacional de la Juventud”, fue elaborado en junio de 2026 para dar cumplimiento a la Glosa 08 de la Ley de Presupuestos, que mandató al Ejecutivo a presentar una propuesta destinada a evitar duplicidades entre el Injuv y otros servicios públicos.
La conclusión central del informe es explícita. En su página 41 señala que el rediseño tiene como eje “reemplazar al Injuv y su rol ejecutor”, reformulando sus funciones hacia el diseño y evaluación de políticas públicas, asistencia técnica a organismos ejecutores y generación de conocimiento en materias de juventud.
El mismo documento establece que durante el segundo semestre de 2026 el Ejecutivo pretende presentar un proyecto de ley que defina la forma jurídica, estructura y atribuciones de la futura institucionalidad. Por lo tanto, hasta ahora no existe un proyecto de ley ingresado como tal, sino un informe de rediseño que serviría como base para una iniciativa legal posterior.
Injuv dejaría de ejecutar programas
La propuesta representa un cambio sustantivo respecto del funcionamiento actual.
El informe señala que la nueva institucionalidad debería desarrollar tres grandes funciones: producir conocimiento sobre la juventud, asesorar técnicamente a los organismos que diseñan políticas públicas y articular la oferta estatal destinada a jóvenes.
Más adelante, el documento lo plantea de manera directa: “El modelo propuesto supone que el Injuv deje de ser un organismo ejecutor de programas dirigidos a la población joven”.
Bajo ese diseño, la institución dejaría de implementar intervenciones propias y concentraría sus capacidades en funciones técnicas y de coordinación con otros organismos del Estado.
El argumento del Ejecutivo es que actualmente existen distintas instituciones públicas que desarrollan políticas relacionadas con empleo, educación, salud mental, bienestar y participación juvenil, generándose espacios de superposición entre programas.
El territorio, una de las principales dudas
El informe sostiene que la nueva institucionalidad debe mantener capacidad de articulación territorial y propone fortalecer a las Oficinas Municipales de Juventud (OMJ) como el principal canal local para conectar la oferta pública destinada a jóvenes.
Sin embargo, el documento no establece expresamente qué ocurrirá con las actuales direcciones regionales del Injuv.
La estructura vigente contempla 16 direcciones regionales, que funcionan como órganos desconcentrados de la institución. La definición de la futura estructura quedaría entregada al proyecto de ley que el Ejecutivo anunció para el segundo semestre.
Este punto genera especial inquietud entre los funcionarios de La Araucanía, quienes advierten que un eventual debilitamiento de la presencia regional podría terminar alejando al organismo de los jóvenes que actualmente recurren directamente a sus oficinas.
Solo tres funcionarios quedan en La Araucanía
David Muñoz Lara, presidente de la Asociación de Funcionarios del Injuv Araucanía (AFINJUV), confirmó a Novena Digital que actualmente solo tres funcionarios permanecen trabajando en la región.
No se han producido nuevas desvinculaciones después de junio. Los denominados “despidos masivos” corresponden al proceso ocurrido durante ese mes, cuando seis trabajadores fueron desvinculados en La Araucanía.
Muñoz manifestó además preocupación por eventuales nuevos ajustes durante noviembre. Según explicó, el temor se basa en declaraciones que atribuye a una autoridad de Gobierno durante una reunión con representantes gremiales.
Hasta ahora, sin embargo, Novena Digital no cuenta con antecedentes oficiales que permitan afirmar que exista una nueva ronda de despidos confirmada para noviembre.
Programas siguen funcionando, pero con restricciones
Pese a la reducción de personal, algunos programas continúan funcionando. En el caso de Compromiso Joven, Muñoz informó que durante julio se logró disponer de nuevos recursos para lanzar un fondo concursable de alcance nacional. El programa contempla $140 millones para financiar 28 proyectos de $5 millones cada uno. El dirigente advirtió, eso sí, que no existe una cuota mínima por región que garantice al menos una iniciativa financiada en cada territorio.
En Hablemos de Todo, los funcionarios mantienen diálogos comunitarios en establecimientos educacionales sobre ansiedad, depresión, consumo problemático de drogas, violencia en el pololeo y violencia escolar. Según Muñoz, la falta de recursos ha impedido ampliar los talleres con profesionales externos, por lo que parte importante de las actividades regionales son realizadas directamente por el funcionario encargado del programa.
El propio informe gubernamental reconoce que Hablemos de Todo ha tenido una presencia relevante. Entre junio de 2023 y febrero de 2024, cerca de 10 mil jóvenes participaron del programa, 6.191 personas recibieron atención efectiva mediante su chat psicosocial y la iniciativa alcanzó cobertura en 314 comunas.
El argumento presupuestario del Ejecutivo
El informe también entrega antecedentes financieros para justificar el rediseño. La Ley de Presupuestos 2026 contempló aproximadamente $8.093 millones para el Injuv, de los cuales un 76% correspondía a gastos en personal.
El documento señala además que el presupuesto institucional disminuyó desde aproximadamente $9.620 millones en 2025 a $8.093 millones en 2026, equivalente a una reducción de 16%. Las transferencias corrientes, en tanto, registraron una caída de 64%.
Otro de los argumentos utilizados por el Ejecutivo apunta a la estructura del gasto. Entre 2022 y 2025, un 78% del gasto ejecutado habría estado relacionado con funcionamiento y soporte institucional, mientras un 22% correspondió a gasto programático.
Desde esa perspectiva, el Gobierno plantea que una institucionalidad menos concentrada en la ejecución directa permitiría reducir duplicidades y fortalecer su capacidad técnica.
Funcionarios plantean el camino contrario
La propuesta de los trabajadores va en una dirección distinta. Muñoz explicó que desde La Araucanía plantean avanzar hacia un Servicio Nacional de la Juventud, concentrando en una sola institución distintos programas actualmente distribuidos entre ministerios como Cultura, Agricultura, Trabajo, Educación y Salud.
La propuesta no apunta necesariamente a aumentar el gasto público, sino a concentrar las políticas destinadas a jóvenes en un organismo especializado que mantenga ejecución directa y presencia territorial.
“Las juventudes necesitan un servicio robusto donde se sientan escuchados”, sostuvo Muñoz en las respuestas entregadas a Novena Digital. Los funcionarios consideran que retirar al Injuv su capacidad de ejecutar programas podría alejar al Estado de los propios usuarios y trasladar esas responsabilidades hacia organismos que no necesariamente poseen especialización en políticas juveniles.
Flor Contreras entra al debate
El conflicto llegó ahora al Congreso luego de una reunión entre Muñoz y la diputada del Partido de la Gente por La Araucanía, Flor Contreras.
La parlamentaria comprometió apoyo técnico y legislativo a los trabajadores, quienes preparan una propuesta alternativa para defender durante la futura discusión legislativa. El debate, por lo tanto, ya no se limita a las desvinculaciones ocurridas en junio.
El propio informe oficial reconoce que Chile cuenta con 4.012.825 personas de entre 15 y 29 años, equivalentes al 20% de la población proyectada para 2025.
La discusión de fondo será determinar qué tipo de institucionalidad tendrá el país para atender a ese segmento de la población y, especialmente en regiones como La Araucanía, si el nuevo modelo mantendrá capacidad operativa y presencia territorial o quedará concentrado principalmente en funciones de estudio, asesoría y coordinación.
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