Los ministerios de Salud y Desarrollo Social anunciaron este martes una estrategia de corto, mediano y largo plazo tras el incendio que dejó 16 personas fallecidas en Pitrufquén. Entre las medidas se contempla publicar un registro de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam) autorizados, reforzar las fiscalizaciones en recintos con y sin resolución sanitaria y buscar alternativas para aumentar los cupos de cuidado. La ministra de Salud, May Chomali, advirtió que el Estado tiene identificadas cerca de 500 residencias sin autorización y que podrían existir otras aún fuera del catastro.
La tragedia ocurrida en el hogar El Edén de Comuy comenzó a generar consecuencias a nivel nacional. Este martes 15 de septiembre, el Gobierno anunció un plan destinado a reforzar la fiscalización de residencias para personas mayores, transparentar cuáles establecimientos cuentan con autorización sanitaria y ampliar las alternativas de cuidado disponibles en el país.
La decisión fue presentada por la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, junto a la ministra de Salud, May Chomali, después del incendio ocurrido en Pitrufquén que dejó 16 personas fallecidas y diez sobrevivientes.
Según explicaron las autoridades, las medidas se desarrollarán en el corto, mediano y largo plazo y buscan abordar un problema que el propio Ejecutivo calificó como estructural. La ministra María Jesús Wulf sostuvo que Chile tiene alrededor de 3,6 millones de personas mayores de 60 años y planteó que el envejecimiento de la población obliga a acelerar las soluciones pendientes en materia de cuidados.
Registro público de establecimientos autorizados
Una de las primeras medidas anunciadas será poner a disposición de las familias información pública que permita conocer qué Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores cuentan efectivamente con resolución sanitaria vigente.
El objetivo, según explicó la ministra de Salud, May Chomali, es que las familias puedan verificar previamente si el recinto donde proyectan ingresar a una persona mayor cumple con las exigencias establecidas en la normativa sanitaria.
El registro deberá permitir diferenciar aquellos establecimientos que cumplen los requisitos para recibir personas autovalentes o con distintos grados de dependencia.
Cerca de 500 residencias funcionan sin autorización
Uno de los antecedentes más relevantes entregados por el Gobierno corresponde al número de establecimientos que actualmente se encuentran identificados sin autorización sanitaria.
La ministra de Salud, May Chomali, informó que el Ministerio de Salud mantiene catastradas cerca de 500 residencias sin resolución sanitaria a nivel nacional.
La cifra fue construida, en parte, a partir de información obtenida por equipos de atención primaria que ingresan a estos recintos para realizar campañas de vacunación y otras prestaciones sanitarias.
Sin embargo, la propia ministra advirtió que el universo podría ser mayor, debido a que existirían establecimientos que todavía no han sido identificados por las autoridades.
Fiscalización también llegará a recintos sin permiso
El plan anunciado por el Ejecutivo no se limitará a los establecimientos que funcionan regularmente.
Las fiscalizaciones abarcarán tanto los Eleam que cuentan con resolución sanitaria como aquellos que todavía operan sin ella.
El énfasis inicial estará puesto en aspectos preventivos y, particularmente, en determinar si los recintos cuentan con condiciones mínimas para enfrentar incendios, evacuaciones u otras emergencias.
Esta dimensión adquiere especial relevancia después de lo ocurrido en El Edén, donde la investigación penal también busca determinar las condiciones de seguridad y cuidado existentes antes del incendio.
Gobierno reconoce un problema arrastrado durante años
El subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, reconoció este martes que el funcionamiento de establecimientos irregulares para personas mayores ha sido tolerado durante años.
La autoridad explicó que una de las dificultades para decretar cierres es que las personas residentes muchas veces no tienen otro establecimiento al cual ser trasladadas, debido a la limitada oferta pública y al costo de las alternativas privadas.
Fernández sostuvo que históricamente se han aplicado investigaciones, sanciones y multas, pero que los cierres efectivos han sido pocos precisamente por las consecuencias que tendrían para los residentes.
Regularización y nuevos cupos
Además de fiscalizar, el Gobierno anunció que revisará mecanismos de acompañamiento para la regularización de residencias que actualmente funcionan sin autorización.
La estrategia deberá considerar diferencias entre establecimientos destinados a personas autovalentes y aquellos que atienden a residentes con dependencia moderada o severa.
El Ejecutivo también evaluará la utilización de infraestructura pública actualmente en desuso, que eventualmente podría ser entregada a fundaciones u otras entidades para habilitar nuevos cupos de cuidado.
El efecto de la tragedia de Pitrufquén
La ministra María Jesús Wulf reconoció que el Gobierno ya trabajaba en medidas relacionadas con el cuidado de personas mayores antes del incendio, pero sostuvo que la tragedia de Pitrufquén obligó a acelerar la coordinación institucional y entregar respuestas concretas.
El anuncio se produce mientras continúa la investigación por las condiciones en que funcionaba El Edén y por las fiscalizaciones que había recibido antes del incendio.
El nuevo escenario abre ahora una discusión de alcance nacional: cuántas residencias operan actualmente fuera de la regulación sanitaria, cuáles son sus condiciones reales de funcionamiento y qué capacidad tiene el Estado para fiscalizarlas, regularizarlas o cerrar aquellas que representen un riesgo para sus residentes.
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