La Asociación Gremial de Agricultores Unidos, nacida en La Araucanía, cuestionó las modificaciones aprobadas por el Congreso a la Ley de Fertilizantes. Su presidente, Camilo Guzmán, valoró que se mantengan multas elevadas para quienes comercialicen productos adulterados, pero advirtió que las sanciones benefician al Estado sin establecer mecanismos de compensación directa para los agricultores perjudicados.
La Asociación Gremial de Agricultores Unidos de Chile manifestó sus reparos frente al proyecto que modifica la Ley 21.349, normativa que regula la composición, etiquetado y comercialización de fertilizantes y bioestimulantes. La iniciativa fue despachada por el Congreso tras su aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados, el lunes 19 de octubre, con 140 votos a favor y ninguno en contra. Sin embargo, desde el gremio agrícola advierten que los cambios mantienen una importante desprotección económica para quienes resulten perjudicados por productos que no cumplen las características ofrecidas.
La modificación legislativa, correspondiente al boletín 17.786-01, establece sanciones diferenciadas según la gravedad de las infracciones. Los incumplimientos formales o administrativos que no afecten la composición, calidad o seguridad del producto, ni induzcan a error al comprador, serán castigados con multas de entre 10 y 100 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). En cambio, las infracciones graves, como adulterar la composición de un fertilizante o falsear su origen, mantendrán sanciones de entre 100 y 1.000 UTM.
Camilo Guzmán, presidente de Agricultores Unidos, reconoció como un avance que se conservaran las multas más elevadas para quienes engañen a los compradores. No obstante, sostuvo que el principal problema radica en que el dinero recaudado por estas sanciones queda en manos del Estado, mientras que los agricultores afectados deben iniciar acciones judiciales individuales para buscar una eventual reparación económica.
«La multa se la queda el Estado. Al agricultor que pierde su cosecha por un fertilizante que no era lo que decía, la ley no le devuelve nada. Tiene que demandar por su cuenta, durante años, contra un proveedor más grande que él», afirmó el dirigente.
Cuestionan beneficios para grandes proveedores
Otro de los aspectos criticados por la organización tiene relación con la aplicación de las rebajas en las multas por infracciones formales. Aunque uno de los objetivos del proyecto es evitar sanciones desproporcionadas contra pequeños y medianos proveedores de fertilizantes, el gremio advierte que la modificación no establece una categoría diferenciada que permita identificar de manera objetiva a estos actores.
Según Guzmán, la disminución de las sanciones puede beneficiar tanto a pequeños distribuidores como a grandes empresas importadoras, sin que exista una delimitación específica según su tamaño. Si bien la capacidad económica del infractor se considera al momento de determinar la multa, el dirigente estima que esta disposición resulta insuficiente.
«Si querían proteger a los pequeños productores de fertilizantes, hay una forma simple: creen una categoría, pónganle un límite de tamaño, y que todos sepamos, sin ninguna duda, a quién le estamos comprando. Lo que no puede ser es que la rebaja la aproveche igual el que vende un saco que el que importa barcos», sostuvo.
Proponen compensaciones directas para agricultores
Desde Agricultores Unidos plantean que Chile debería avanzar hacia mecanismos de reparación similares a los existentes en algunas legislaciones internacionales. Guzmán mencionó los casos de Arizona y Florida, en Estados Unidos, donde, según explicó, existen disposiciones que contemplan pagos al comprador cuando un fertilizante presenta cantidades de nutrientes inferiores a las declaradas.
El dirigente también hizo referencia a España, donde determinadas infracciones pueden dar lugar a sanciones económicas considerablemente superiores a las contempladas en Chile. A su juicio, las multas nacionales deberían considerar de manera más estricta el beneficio económico obtenido por las empresas que incumplan la normativa, evitando que una sanción fija resulte inferior a las ganancias derivadas de una infracción grave.
En ese contexto, la organización propone tres modificaciones para una futura revisión legislativa: establecer compensaciones directas para los agricultores afectados por productos que no cumplan las características ofrecidas; permitir que las sanciones más graves se calculen como un múltiplo del beneficio obtenido por el infractor, sin un límite máximo fijo; y crear una categoría legal diferenciada para los pequeños proveedores, con criterios de tamaño transparentes para los compradores.
«Defendemos el libre mercado. Y en un mercado de verdad, el que engaña paga, y le paga al que dañó», enfatizó Guzmán.
La Asociación Gremial de Agricultores Unidos de Chile nació en La Araucanía durante 2024, con el propósito de representar a pequeños y medianos agricultores. Según la organización, desde mayo de ese año sus representantes han participado en quince instancias ante comisiones del Congreso Nacional, incluyendo su intervención durante la tramitación de las modificaciones a la Ley de Fertilizantes.
Con el proyecto despachado por el Congreso, el gremio insiste en que el debate no debería limitarse a establecer multas proporcionales para los proveedores, sino también abordar las consecuencias económicas que enfrentan los agricultores cuando adquieren fertilizantes cuya composición, origen o calidad no corresponde a lo declarado.
Noticias relacionadas
Concejal Hidalgo defiende viaje a China y estima costo cercano a $19 millones
Historias que merecen ser escuchadas: libro visibiliza la discapacidad y la neurodiversidad en La Araucanía.
29 boletas, $31 millones: los recursos públicos de Los Sauces destinados a servicios profesionales de Tania Márquez