Ministro de Justicia rebajó dos condenas pese a advertencias de su propio ministerio

Fernando Rabat aprobó reducciones de seis y 30 meses de cárcel después de que la oficina de Justicia en el Biobío advirtiera posibles impedimentos legales. Los documentos fueron publicados por Interferencia y revisados por Novena Digital.

Dos rebajas de condena firmadas por el ministro Fernando Rabat contenían advertencias previas de su propio ministerio. Según un reportaje de Interferencia publicado el 1 de noviembre, la oficina regional del Biobío había señalado que los solicitantes podían estar legalmente excluidos del beneficio.

Las alertas fueron enviadas el 24 y el 26 de junio. Pese a esos avisos, Rabat firmó el 6 de julio una reducción de seis meses y, dos días después, otra de 30 meses.

Para aprobarlas, el ministerio sostuvo que una restricción incorporada en 2022 no podía aplicarse a delitos cometidos antes de su entrada en vigencia. Esa modificación excluyó de las rebajas a autores de determinados delitos sexuales contra menores. La cartera argumentó que aplicar la nueva regla a hechos anteriores perjudicaría a los condenados y citó fallos de la Corte Suprema para respaldar su decisión.

Sin embargo, la Suprema ha resuelto esta discusión de distintas maneras: algunas sentencias han respaldado rechazos del ministerio y otras han ordenado conceder las rebajas. Además, los dos decretos revisados no identifican una orden judicial específica que obligara a aprobar esos beneficios.

Los antecedentes ponen en discusión la explicación que Rabat entregó ante la Cámara el 28 de octubre, cuando sostuvo que su ministerio “simplemente formaliza” las decisiones de las comisiones que evalúan a los presos. En estos dos casos, los documentos registran una advertencia legal y la decisión de descartarla.

El reglamento establece que el ministerio debe rechazar la solicitud cuando comprueba un impedimento legal y fundamentar esa decisión. La controversia es si la interpretación utilizada por Justicia justificaba conceder ambas rebajas pese a las alertas de su propia oficina regional.