El ministro de Seguridad Pública explicó que el Gobierno prepara una reforma constitucional para crear un Estado de Excepción por alteración de la seguridad pública. La propuesta contempla nuevas herramientas frente al crimen organizado y el terrorismo, un rol acotado de las Fuerzas Armadas y restricciones a beneficios sociales para condenados por estos delitos.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, entregó nuevos detalles de la agenda que impulsa el Gobierno para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo, incluyendo una reforma constitucional, cambios al sistema penitenciario y un nuevo Estado de Excepción orientado específicamente a situaciones graves de seguridad pública.
En entrevista con Radio Infinita, el secretario de Estado explicó que la propuesta constitucional debería hacerse pública durante los próximos días y que uno de sus puntos principales será la creación de un Estado de Excepción Constitucional por alteración de la seguridad pública.
Según Arrau, este mecanismo sería más acotado que otros estados de excepción actualmente contemplados, pero permitiría disponer temporalmente de distintas herramientas del Estado dependiendo de las características de cada situación.
El ministro detalló que su aplicación podría variar dependiendo de si se enfrenta una crisis de seguridad en una zona urbana o la presencia de organizaciones terroristas en sectores rurales.
“Quizás vamos a un combate en zona rural donde opera un grupo terrorista, va a necesitar quizás un apoyo más intenso de las Fuerzas Armadas”, sostuvo Arrau, quien agregó que, ante determinados escenarios, incluso podría contemplarse la aplicación de toques de queda en comunas específicas.
Fuerzas Armadas tendrían un rol acotado
Arrau enfatizó que la participación de las Fuerzas Armadas no sería automática ni permanente, sino que dependería de las necesidades operativas de cada territorio.
La iniciativa permitiría que el Presidente designe un mando a cargo y que bajo su conducción puedan disponerse herramientas policiales y, cuando corresponda, capacidades militares.
El ministro señaló que el objetivo es contar con un instrumento flexible para enfrentar episodios graves vinculados al crimen organizado o al terrorismo, manteniendo su aplicación limitada territorial y temporalmente.
Gobierno busca limitar beneficios sociales
Otro de los puntos adelantados por Arrau se relaciona con los beneficios estatales que reciben personas condenadas por determinados delitos.
El ministro señaló que la propuesta constitucional contempla restricciones a beneficios sociales para condenados por crimen organizado y terrorismo, durante el período en que se encuentren sujetos a determinadas inhabilidades.
Arrau sostuvo que la medida no apunta a todas las personas condenadas, sino específicamente a quienes hayan recibido sentencias por este tipo de delitos.
“Nosotros la limitación que queremos establecer es que las personas condenadas por crimen organizado y terrorismo (…) no puedan recibir una serie de beneficios sociales”, explicó.
Endurecimiento del régimen penitenciario
Las declaraciones se producen luego del masivo traslado de internos hacia el complejo penitenciario La Laguna de Talca, operativo que, según el ministro, contempló cerca de 700 personas, de las cuales 258 fueron calificadas de especial peligrosidad y cerca de 40 correspondían a internos de máxima peligrosidad.
Arrau precisó posteriormente que 37 internos quedaron sometidos al régimen de mayores restricciones, entre ellos nueve líderes de organizaciones criminales.
El sistema considera celdas individuales, dos horas diarias de patio, salidas segmentadas para disminuir el contacto entre internos, visitas a través de vidrio y fuertes restricciones al ingreso de encomiendas.
Entre las organizaciones mencionadas por el ministro aparecen el Tren de Aragua, Los Pulpos, Los Espartanos, Los Ñaños y la denominada mafia albanesa. Los internos trasladados cumplen condenas o están vinculados a delitos como homicidio calificado, secuestro, extorsión, tráfico de drogas, tráfico de armas y asociación ilícita.
“Cambio de mano” en las cárceles
El titular de Seguridad Pública afirmó que la estrategia del Ejecutivo apunta a impedir que integrantes del crimen organizado continúen dirigiendo actividades delictivas desde los centros penitenciarios.
En ese contexto, mencionó la denominada ley “antipelotazos”, mayores sanciones por el ingreso de elementos prohibidos, la reducción de encomiendas y el fortalecimiento de la disciplina al interior de las cárceles.
“Lo que hay que cortar” es que “el delito siga operando dentro de la cárcel”, afirmó Arrau.
El ministro también abordó la situación general del sistema penitenciario y aseguró que actualmente existen cerca de 65 mil personas privadas de libertad, frente a una capacidad aproximada de 40 mil plazas, escenario que calificó como una crisis de sobrepoblación.
Frente a ello, planteó acelerar la construcción de nuevos recintos y evaluar alternativas que permitan disminuir la densidad de las cárceles que actualmente presentan mayores niveles de hacinamiento.
Reforma constitucional pone la seguridad como prioridad
Arrau defendió además la intención del Gobierno de incorporar expresamente la seguridad pública entre los roles primarios del Estado dentro de las bases de la institucionalidad.
Según explicó, la idea es que este principio quede establecido en el artículo 1 de la Constitución y sirva como base para futuras leyes y políticas públicas.
El ministro argumentó que derechos como la vida, la integridad física, la libertad de tránsito o la propiedad pierden efectividad cuando las personas no pueden ejercerlos debido al temor provocado por la delincuencia y el crimen organizado.
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