La senadora Carmen Gloria Aravena condenó el ataque en Temuco, donde un niño fue baleado por su propio padre y permanece en riesgo vital, exigiendo sanciones ejemplares y responsabilidad del Estado en protección infantil.
La senadora por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena, condenó con firmeza el ataque ocurrido en Temuco, donde un niño de dos años resultó baleado en la cabeza por su propio padre. El menor sigue en riesgo vital en el Hospital Regional, mientras que la Fiscalía confirmó que “la intención siempre fue quitarle la vida”.
Según el fiscal a cargo, el hecho se produjo tras una discusión entre el imputado y su pareja, momento en el que el padre disparó directamente contra el niño, huyó en motocicleta y, al ser detenido, apuntó con un arma a un carabinero.
Condena y exigencia de sanciones ejemplares
Frente a la gravedad del ataque, Aravena pidió que se apliquen las penas más severas:
“Estamos frente a un acto de crueldad absoluta. No existe justificación alguna para intentar asesinar a un hijo. Espero que Dios proteja la vida de este niño inocente y que su agresor sea condenado con todo el rigor de la ley, sin beneficios ni atenuantes”.
Legalmente, el hecho se enmarca en el delito de parricidio frustrado, que contempla penas de 10 a 20 años de cárcel efectiva, mientras que el parricidio consumado puede llegar a presidio perpetuo, con cumplimiento efectivo de 20 a 40 años antes de postular a beneficios.
La senadora cuestionó que la ley permita rebajas de pena cuando el menor sobrevive:
“¿Es razonable que exista rebaja de pena por el solo hecho de que el niño logre sobrevivir, pese a la atrocidad del acto? Como país debemos avanzar hacia penas más altas y sin beneficios para quienes atenten contra la vida de sus propios hijos”.
Llamado a responsabilidades institucionales
Aravena también emplazó al Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en La Araucanía a pronunciarse sobre el caso, considerando el deber del Estado de resguardar a los menores:
“La gran pregunta que surge es si existían denuncias previas en la Defensoría de la Niñez, en tribunales o en las policías que debieron activar alertas para proteger a este pequeño. Aquí no solo hay un padre imputado, también puede haber un Estado que falló en su deber de proteger. Por eso pido que el Servicio de la Niñez se pronuncie y dé explicaciones sobre qué mecanismos se activaron o no se activaron”.
Finalmente, la senadora reiteró que la infancia debe ser prioridad absoluta y que este caso debe marcar cambios en penas, protección y prevención:
“No podemos seguir reaccionando solo después de las tragedias. El país necesita leyes más duras, un Estado más presente y una justicia que ponga en el centro la vida de los niños”.


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