Este martes, la Cámara de Diputados aprobó una solicitud de resolución para pedir al Presidente Gabriel Boric que instruya a la Superintendencia de Servicios Sanitarios la evaluación de la caducidad de la concesión de la empresa Aguas San Isidro, que presta servicios en la localidad de Labranza.
La solicitud surge tras los resultados entregados por la Comisión Especial Investigadora (CEI), encargada de fiscalizar la actuación del Gobierno frente a los problemas sanitarios generados por esta empresa. Durante la investigación, se reveló que Aguas San Isidro enfrenta 52 procedimientos sancionatorios, con nueve casos aún abiertos, incluyendo las localidades de Labranza y Pillanlelbún.
Los habitantes de Labranza han denunciado problemas desde 2015, cuando la Superintendencia de Medio Ambiente sancionó a la empresa por dañar el Estero Botrolhue. Entre los casos más notorios está la “lluvia de caca” de 2019, donde contaminantes cayeron sobre viviendas y generaron malos olores en varios sectores. Además, en 2020, los vecinos denunciaron problemas gastrointestinales derivados de la turbiedad del agua.
La diputada del Frente Amplio, Erika Ñanco, calificó la solicitud como una «buena señal» para los vecinos afectados, y agregó que continuará fiscalizando la situación en otras áreas afectadas por la empresa, como San Ramón y Pillanlelbún.
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