El escándalo que golpeó al Gobierno Regional de La Araucanía sigue sin cerrar sus principales aristas. Mientras el exdiputado Mauricio Ojeda pasó casi un año en prisión preventiva, el exgobernador Luciano Rivas continúa sin formalización. En paralelo, el actual gobernador René Saffirio acusa una investigación lenta, cuestiona a fiscales y denuncia posibles conflictos de interés dentro del propio Ministerio Público.
El llamado Caso Convenios en La Araucanía se transformó en una de las investigaciones de corrupción política más delicadas de la región. Lo que comenzó como cuestionamientos a millonarios traspasos desde el Gobierno Regional hacia fundaciones privadas terminó exponiendo una compleja red de convenios, vínculos políticos, auditorías, investigaciones reservadas y acusaciones cruzadas entre autoridades, fiscales e imputados.
La investigación apunta principalmente a transferencias realizadas durante la administración del exgobernador Luciano Rivas (Evópoli), particularmente hacia organizaciones como Fundación Local, además de la denominada arista “Manicure”, ligada a las fundaciones Folab y Educc.
Más de $2 mil millones bajo sospecha
Uno de los focos más graves del caso corresponde a los millonarios recursos transferidos a Fundación Local. Investigaciones periodísticas revelaron que la ONG fue creada por personas cercanas políticamente al entorno del entonces gobernador Luciano Rivas y terminó recibiendo más de $2.100 millones desde el Gore Araucanía.
La Contraloría detectó irregularidades relevantes: adjudicaciones directas cuestionadas, vulneraciones al principio de probidad y mecanismos administrativos que hoy están siendo revisados por la Fiscalía de Alta Complejidad.
A pesar de la magnitud de los montos y del impacto político del caso, la investigación sigue avanzando lentamente y varias diligencias permanecen bajo reserva.
Luciano Rivas: imputado, pero aún sin formalización
Uno de los puntos que más controversia genera es la situación judicial del exgobernador Luciano Rivas.
Aunque aparece como imputado dentro de la investigación del Caso Convenios, hasta ahora no ha sido formalizado ni citado judicialmente por el Ministerio Público.
Eso significa que, jurídicamente, la Fiscalía todavía no le comunica cargos ante un tribunal, pese a que gran parte de los convenios cuestionados fueron aprobados durante su administración.
Rivas ha defendido públicamente su gestión señalando que los convenios contaban con toma de razón de Contraloría y que, según su versión, no existían incompatibilidades legales al momento de aprobar los traspasos.
Mientras tanto, sectores políticos ligados a Chile Vamos han insistido en que el exgobernador “no está formalizado”, usando ese argumento para relativizar las responsabilidades políticas en el caso.
Sin embargo, la ausencia de formalización también abrió fuertes cuestionamientos sobre la velocidad real con que la Fiscalía está avanzando en la investigación.
René Saffirio rompe con el silencio y apunta contra Fiscalía
El actual gobernador regional, René Saffirio, se transformó en uno de los principales críticos del manejo judicial del caso.
Desde que asumió el Gore Araucanía, Saffirio ha cuestionado públicamente la lentitud de la investigación y ha puesto en duda la objetividad del Ministerio Público en algunas aristas del caso.
En 2025 pidió remover al fiscal a cargo de las investigaciones debido al escaso avance. Posteriormente, en abril de 2026, elevó aún más la presión política y envió un oficio al Fiscal Nacional solicitando la inhabilitación del fiscal regional Roberto Garrido y el traspaso de las causas a otra fiscalía regional.
El argumento de Saffirio apunta a posibles conflictos de interés, debido a vínculos académicos del persecutor con instituciones que aparecen relacionadas indirectamente en las investigaciones.
Además, el gobernador cuestionó que, tras casi tres años de investigación, todavía no exista una definición clara en varias aristas relevantes del caso, incluyendo la denominada arista “Manicure”, donde están comprometidos cerca de $730 millones.
Saffirio incluso habló de una investigación “sin celeridad” considerando la magnitud de los recursos públicos comprometidos y la cantidad de actores involucrados.
¿Por qué la investigación ha avanzado tan lento?
La lentitud del caso tiene múltiples factores. Por un lado, la Fiscalía sostiene que existen varias aristas simultáneas, con distintos imputados, peritajes financieros complejos y causas reservadas. También argumenta que ya se han formalizado funcionarios, empresarios y representantes de fundaciones en distintas etapas del proceso.
Pero además hubo reveses judiciales importantes. En una de las aristas relacionadas con Fundación Local, tribunales terminaron anulando detenciones y dejando sin efecto diligencias impulsadas por la Fiscalía, cuestionando la proporcionalidad de las medidas adoptadas.
A eso se sumó otro elemento polémico: cambios internos dentro del equipo investigador.
El fiscal Carlos Cornejo fue removido de la causa y posteriormente reemplazado por el fiscal Luis Arroyo, quien además aparece imputado en la denominada “Operación Huracán”, caso vinculado a presunta manipulación de pruebas durante investigaciones en La Araucanía.
Ese antecedente abrió nuevas críticas respecto a la credibilidad y transparencia del equipo persecutor.
¿Cómo aparece Mauricio Ojeda en la trama?
El exdiputado Mauricio Ojeda terminó convirtiéndose en una de las figuras más visibles del Caso Convenios en La Araucanía.
Su nombre aparece principalmente en la arista “Manicure”, donde la Fiscalía investiga el presunto desvío de cerca de $730 millones destinados a cursos de capacitación que, según la investigación, nunca se habrían ejecutado realmente.
Ojeda fue formalizado por delitos de fraude al Fisco y permaneció aproximadamente 11 meses en prisión preventiva. En este sentido, la Fiscalía justificó esa cautelar argumentando gravedad de los delitos y riesgos procesales asociados a la investigación.
Durante ese período, el exdiputado insistió en su inocencia y acusó una persecución política y judicial en su contra.
Libre, pero ahora enfrentado directamente con los fiscales
Tras recuperar su libertad, Mauricio Ojeda endureció aún más su ofensiva pública contra el Ministerio Público.
El exparlamentario anunció acciones judiciales contra el fiscal regional Roberto Garrido, acusándolo de presunto tráfico de influencias relacionado con solicitudes de recursos públicos para fundaciones.
Pero además pidió remover al fiscal Luis Arroyo de las investigaciones del Caso Convenios, argumentando un eventual conflicto de interés debido a vínculos de defensa jurídica compartidos con otros imputados de la causa.
Ojeda sostiene que el tiempo que pasó en prisión preventiva destruyó parte importante de su vida política y personal, insistiendo en que demostrará su inocencia durante el proceso judicial.
El caso que sigue abierto y sin respuestas definitivas
A casi tres años del inicio de las investigaciones, el Caso Convenios en La Araucanía continúa lejos de cerrarse.
Todavía no existe una definición judicial respecto al exgobernador Luciano Rivas, mientras las críticas por la lentitud de Fiscalía aumentan incluso desde el propio Gobierno Regional.
Al mismo tiempo, las distintas aristas siguen revelando tensiones políticas, cuestionamientos institucionales y disputas internas que terminaron convirtiendo el caso en mucho más que una investigación por recursos públicos: hoy también es una crisis de credibilidad sobre cómo se investigan las redes de poder en La Araucanía.
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