El máximo tribunal emitió un informe donde advierte cambios necesarios a la reforma de permisos ambientales impulsada por el Gobierno, apuntando a problemas en el sistema de evaluación, reclamaciones y competencias de tribunales. El debate abre nuevas tensiones políticas en el Congreso.
La Corte Suprema entregó un informe en el que recomienda realizar “ajustes relevantes” a la denominada megarreforma de permisos medioambientales impulsada por el Gobierno de Kast, enfocada en agilizar la inversión. El análisis advierte reparos estructurales en el sistema de evaluación ambiental, en la impugnación de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y en las competencias de los Tribunales Ambientales.
Uno de los puntos más críticos del documento se centra en la propuesta de restitución de gastos a titulares de proyectos cuya RCA sea anulada judicialmente. Según el máximo tribunal, la norma aparece formulada de manera amplia y podría implicar que el Estado termine asumiendo un rol de “asegurador general del riesgo regulatorio de la inversión privada”.
En ese contexto, la Corte sugiere que cualquier mecanismo de compensación debe incorporar criterios más estrictos como la buena fe del titular, la ausencia de responsabilidad en el vicio del proyecto y la razonabilidad de los gastos, además de evitar cargas patrimoniales desproporcionadas para el Fisco.
El informe también cuestiona la falta de precisión en el diseño de la impugnación de las RCA, señalando que no queda claro si se trata de una regla excepcional o una modificación general del sistema. Además, advierte que no se armoniza adecuadamente con la Ley 20.600, lo que podría generar incertidumbre sobre quiénes pueden ejercer acciones ante los Tribunales Ambientales.
En su conclusión, la Corte es categórica al señalar que la propuesta requiere ajustes relevantes de coordinación normativa, precisión competencial y delimitación de efectos, considerando que introduce cambios significativos al ordenamiento jurídico ambiental.
El pronunciamiento se suma a advertencias previas del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que han apuntado a un eventual impacto fiscal negativo y a riesgos para el cumplimiento de metas de déficit y deuda.
En el plano político, el diputado republicano Agustín Romero valoró las observaciones del tribunal, asegurando que permiten “perfeccionar” la iniciativa durante su tramitación legislativa. Desde la oposición, el diputado comunista Boris Barrera sostuvo que estas alertas ya habían sido planteadas con anterioridad, especialmente respecto de los efectos fiscales y ambientales del proyecto.
El debate ahora se traslada al Congreso, donde el proyecto enfrenta un calendario acelerado de votaciones en comisión antes de su eventual paso a Sala en los próximos días.
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