CDE evalúa ampliar querella contra Fundación ProCultura por contratos por casi $6 mil millones

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se encuentra analizando nuevos antecedentes en la investigación contra la Fundación ProCultura, en el marco del caso Convenios, y esta semana definirá si amplía la querella presentada en febrero de 2024.

Dicho organismo presentó una primera acción judicial por eventuales irregularidades en convenios por más de $500 millones. No obstante, los antecedentes actuales apuntan a un posible fraude al fisco por casi $6 mil millones, vinculados a convenios suscritos en cinco regiones del país.

Hace casi un mes, el CDE obtuvo acceso al expediente del caso, el cual dirige el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. A partir de esta semana, las defensas y otros querellantes también comenzaron a revisar la carpeta investigativa, luego del término del periodo de secreto decretado por el Ministerio Público.

Uno de los querellantes, el abogado Pablo Toloza (UDI), fue el primero en presentar una querella contra ProCultura por el convenio en Antofagasta, relacionado con el proyecto “Recuperación de fachadas zona de conservación histórica”. Toloza señaló que los antecedentes reunidos por la Fiscalía muestran con claridad la existencia de un fraude al fisco y apropiación indebida, y pidió unificar las causas y fijar una fecha para formalizar a los imputados.

El foco de las críticas se ha centrado en el drástico aumento de los recursos públicos que recibió la fundación a partir de 2022. Según el Registro de Colaboradores del Estado, ProCultura pasó de adjudicarse $316.849.723 en 2021 a superar los $3.282.841.556 en 2022. Esto ha generado cuestionamientos respecto de los vínculos del fundador de la entidad, Alberto Larraín, con autoridades del gobierno.

Por ahora, se espera que el Ministerio Público solicite próximamente una audiencia de formalización, mientras el CDE resolverá si amplía o no su acción judicial tras la revisión de los nuevos antecedentes.

¿Que era el caso convenios?

El caso Convenios es una investigación judicial de alto perfil en Chile que involucra el uso irregular de fondos públicos entregados por organismos del Estado —especialmente Gobiernos Regionales— a fundaciones privadas a través de convenios de colaboración. Estalló públicamente en 2023 y ha generado amplio debate político y social.

¿Qué se investiga?

Se indagan presuntas irregularidades, fraudes al fisco, tráfico de influencias y delitos de corrupción, especialmente por la forma en que se asignaron y utilizaron los recursos. Muchas de estas fundaciones recibieron millonarios traspasos de dinero sin licitación ni fiscalización adecuada, y en varios casos, se ha acusado el incumplimiento de los objetivos establecidos en los convenios.

¿Quiénes están involucrados?

El caso ha salpicado a diversas fundaciones —entre ellas, Democracia Viva, EnRed y ProCultura— y ha implicado a funcionarios públicos, autoridades regionales y figuras cercanas al Gobierno, principalmente vinculadas a partidos del Frente Amplio y otras colectividades oficialistas.

¿Por qué es importante?

Porque ha revelado fallas graves en los mecanismos de control del gasto público y ha puesto en tela de juicio la transparencia del sistema de colaboración entre el Estado y entidades privadas. Además, ha generado consecuencias políticas, incluyendo renuncias de autoridades y una crisis de confianza en algunas instituciones gubernamentales.