Chile avanza hacia una Ley de Reparación Integral para víctimas de violencia en la Macrozona Sur

El proyecto de ley, impulsado desde la Comisión de Paz y Entendimiento, ingresará al Congreso antes de fin de año.

En un seminario organizado por el Senado y el Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT UNAB), autoridades y expertos nacionales e internacionales abordaron la reparación como derecho humano para víctimas de violencia y terrorismo en la Macrozona Sur, comparando la experiencia chilena con la española frente a la ETA.

La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, anunció que el proyecto de Ley de Reparación Integral, surgido de las conclusiones de la Comisión de Paz y Entendimiento, será ingresado al Congreso antes de fin de año, marcando un avance hacia la protección de la dignidad de las víctimas.

La senadora Carmen Gloria Aravena, integrante de la Comisión, destacó la necesidad de considerar las consecuencias humanas del conflicto, señalando que algunas zonas de la Macrozona Sur presentan restricciones a la inversión, el turismo y el desarrollo, además de impactos intergeneracionales:
“No es posible que nos hagamos cargo solo de una parte del problema y no de las consecuencias, que no solo han sido productivas y de desarrollo, sino principalmente humanas, en relación con la necesidad de reparación”, señaló Aravena.

Durante el seminario, Fabián Salas, encargado nacional de la Unidad de Seguimiento de la Comisión, enfatizó la importancia de contar con una ley de reparación integral y un órgano dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que garantice su implementación efectiva.

Por su parte, Pablo Urquízar, coordinador del OCRIT UNAB, subrayó que el terrorismo constituye una vulneración de derechos humanos y que el Estado debe responder a las víctimas siguiendo estándares internacionales: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Destacó ejemplos internacionales como Francia, Italia y España, donde políticas públicas permanentes han avanzado en la reparación de las víctimas.

Desde España, Florencio Domínguez, director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, recordó que pasaron 30 años desde los primeros atentados de ETA hasta la aprobación de una ley de reparación, y que solo en los años 90 las pérdidas asociadas a estos atentados superaron los 25 mil millones de euros. Además, programas educativos y de prevención han permitido reducir de manera sostenida los atentados.

Carmen Ladrón de Guevara, directora jurídica de la Asociación Española de Víctimas del Terrorismo, destacó que la legislación española incluso permite destinar el patrimonio de quienes cometen atentados como compensación a las víctimas.

Finalmente, Alejo Apraiz, presidente de la Asociación de Víctimas de la Violencia en la Macrozona Sur, hizo un llamado a respaldar el proyecto de Ley de Reparación Integral, enfatizando la necesidad de otorgar cobertura legal y apoyo efectivo a las personas afectadas.