“Chile no se rinde ni se arrodilla ante la delincuencia en ninguna de sus formas”: Presidente Gabriel Boric promulgó nueva Ley Antiterrorista

En una ceremonia en el Palacio de La Moneda, el presidente de Chile, Gabriel Boric, promulgó la nueva Ley Antiterrorista, asegurando que «Chile no se rinde ni se arrodilla ante la delincuencia en ninguna de sus formas». La normativa busca modernizar y fortalecer la legislación existente con el objetivo de mejorar la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado en el país.

Durante el evento, el mandatario estuvo acompañado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, y otras autoridades. Boric destacó que la nueva ley es fruto de un acuerdo amplio y transversal, dejando atrás una normativa instaurada durante la dictadura que, según afirmó, «tenía problemas de legitimidad y era ineficiente».

La Ley Antiterrorista se basa en cinco pilares fundamentales: la modernización de la persecución penal, la redefinición del delito terrorista para facilitar su aplicación, la incorporación de técnicas especiales de investigación, el fortalecimiento del nuevo Ministerio de Seguridad Pública y la modificación de la competencia del tribunal encargado de estos casos.

«Estamos enviando un mensaje claro a quienes intentan sembrar el terror en nuestra sociedad: no cederemos ni un centímetro frente al crimen organizado», enfatizó el presidente Boric. Asimismo, hizo un llamado a la unidad política para enfrentar el problema de la delincuencia y evitar fisuras que puedan ser aprovechadas por organizaciones criminales.

A través de sus redes sociales, el mandatario subrayó la importancia del consenso alcanzado entre los sectores políticos para la aprobación de la ley. «Hoy contamos con una legislación moderna, democrática y eficaz contra el terrorismo. Seguimos trabajando para garantizar que cada persona en Chile pueda vivir en paz y seguridad», señaló.

La promulgación de la nueva Ley Antiterrorista marca un hito en la estrategia del gobierno para reforzar la seguridad pública en Chile y dotar a las instituciones del Estado de mejores herramientas para enfrentar amenazas a la estabilidad y el orden público.