La eventual aplicación de la Ley 20.357 abriría la puerta a procesos judiciales en territorio nacional si se acreditan delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos en Gaza y Cisjordania.
Un total de 111 ciudadanos con nacionalidad chilena e israelí integran la nómina oficial de soldados que han participado en operaciones militares en Gaza y Cisjordania. La información fue dada a conocer por el Centro de Información sobre Palestina, cuya directora, Stefanie Elias Musalem, señaló que la cifra proviene de antecedentes entregados por el propio Ejército israelí tras una solicitud formal de la ONG Hatzlacha.
El antecedente surge en medio de una acción judicial presentada en Chile por un abogado que solicitó investigar a un militar israelí que se encuentra de visita en el país, acusándolo de presuntos crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad. El hecho de que existan uniformados con doble nacionalidad abre un escenario jurídico inédito: de comprobarse participación en este tipo de delitos, podrían ser procesados bajo la legislación chilena.
La Ley 20.357 del Código Penal establece disposiciones específicas para investigar y sancionar crímenes de lesa humanidad y genocidio, contemplando penas que pueden llegar hasta los 40 años de presidio. Especialistas señalan que la normativa permite actuar cuando existan antecedentes suficientes, aun tratándose de hechos ocurridos fuera del territorio nacional, en determinados supuestos.
Según estimaciones difundidas por medios israelíes, el Ejército de Israel cuenta con unos 170 mil efectivos en servicio activo y más de 400 mil al sumar reservistas. De ellos, más de 50 mil tendrían doble nacionalidad. En América Latina, se estima que 1.686 son brasileños, 609 argentinos, 181 mexicanos, 161 peruanos y 111 chilenos, entre otros.
En paralelo, autoridades sanitarias de Gaza informan que desde el inicio de la ofensiva militar en 2023 han fallecido más de 72 mil personas, incluyendo más de 20 mil niños. Diversos organismos internacionales han advertido sobre posibles “actos de genocidio”, en un conflicto que continúa generando debate y repercusiones legales a nivel global.


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