La auditoría revisó el periodo comprendido entre enero de 2024 y junio de 2025. El organismo fiscalizador constató autorizaciones emitidas hasta 610 días después de realizados los trabajos, deficiencias en los registros de asistencia y pagos que deberán ser revisados por el recinto asistencial.
Una serie de irregularidades relacionadas con la autorización, ejecución y pago de horas extraordinarias detectó la Contraloría Regional de La Araucanía en el Hospital San José de Victoria.
Los antecedentes están contenidos en el Informe Final de Investigación Especial N°70 de 2026, fechado el 14 de julio, que examinó las horas extras efectuadas por funcionarios del establecimiento entre enero de 2024 y junio de 2025.
Entre los principales hallazgos, la Contraloría constató que los actos administrativos que ordenaron los trabajos extraordinarios no fueron emitidos antes de su realización. En algunos casos, las autorizaciones fueron regularizadas con demoras que fluctuaron entre 54 y 610 días corridos.
El informe también estableció que las resoluciones no identificaban las tareas impostergables que justificaban la realización de las horas extras, pese a que este tipo de trabajo debe ser excepcional y encontrarse debidamente fundamentado.
Deficiencias en el control de asistencia
La auditoría detectó errores y omisiones en el Sistema de Información de Recursos Humanos, SIRH, plataforma que recibe las marcaciones efectuadas mediante los relojes biométricos del hospital.
Según la Contraloría, se encontraron errores en los horarios de entrada y salida, ausencias de marcación e incumplimientos de las jornadas programadas que no estaban justificados dentro del sistema.
Estas deficiencias impidieron validar correctamente el cumplimiento de la jornada laboral y las horas extraordinarias informadas, debilitando la confiabilidad de las planillas utilizadas por el hospital.
El organismo fiscalizador advirtió que estas situaciones podrían ocasionar cálculos incorrectos de las horas trabajadas o pagos correspondientes a días en que un funcionario no habría desempeñado efectivamente sus labores.
Por esta razón, el recinto deberá comprobar si los trabajadores observados prestaron servicios durante los horarios registrados. En caso contrario, deberá determinar el tiempo no trabajado y efectuar los descuentos de remuneraciones que correspondan.
Más de $562 millones pagados a personal de turno
Otro de los hallazgos apunta a funcionarios que se desempeñaban bajo sistemas de tercer y cuarto turno, quienes recibieron pagos de horas extraordinarias por un total de $562.964.119 durante el periodo fiscalizado.
La normativa establece que quienes reciben asignación de turno no pueden efectuar trabajos extraordinarios, salvo que se trate de situaciones imprevistas vinculadas con emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atención de pacientes.
Estas circunstancias deben ser calificadas previamente por la dirección del establecimiento mediante una resolución debidamente fundada, requisito cuya aplicación fue observada por la Contraloría.
Pagos sin respaldo y errores de cálculo
La investigación detectó además pagos por $3.784.295 que no contaban con respaldo suficiente en los registros de asistencia o que presentaban errores en la sumatoria y distribución de las horas cobradas.
También se encontraron equivocaciones en el cálculo de los días hábiles utilizados para determinar el cumplimiento de la jornada laboral.
A ello se agregó que el Hospital San José de Victoria no descontó el periodo destinado a colación al momento de calcular ciertas horas trabajadas, situación que vulnera la normativa y la jurisprudencia administrativa de la Contraloría.
El establecimiento deberá revisar los antecedentes, determinar el eventual tiempo no trabajado y aplicar los descuentos que correspondan. El cumplimiento de estas medidas tendrá que ser acreditado ante el organismo fiscalizador dentro de un plazo de 60 días hábiles.
Finalmente, la Contraloría ordenó al hospital iniciar un procedimiento disciplinario para determinar posibles responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos observados. El acto que formalice la investigación deberá ser remitido al organismo de control dentro de 15 días hábiles desde la recepción del informe.
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