Crimen organizado perfora Gendarmería: 42 funcionarios de Santiago 1 son investigados por corrupción, drogas y vínculos con bandas criminales

Una investigación de alto impacto del Ministerio Público y la PDI destapó una extensa red de corrupción al interior de la Cárcel de Alta Seguridad Santiago 1. Según reveló Ciper, al menos 42 gendarmes están siendo indagados por cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en un caso que expone la penetración del crimen organizado en el sistema penitenciario chileno.

Una de las investigaciones más graves sobre corrupción en el sistema penitenciario chileno quedó al descubierto tras una serie de allanamientos masivos liderados por la Fiscalía Metropolitana Occidente y la PDI, que apuntan a una red integrada por 42 gendarmes de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) Santiago 1 y 35 civiles externos. La indagatoria, revelada por Ciper, expone un entramado que habría facilitado el ingreso de drogas, alcohol, celulares, alimentos de alto valor y visitas indocumentadas, a cambio de pagos en efectivo y transferencias bancarias.

De acuerdo con los antecedentes del caso, los funcionarios investigados habrían permitido incluso el acceso de personas sin identidad registrada, simulando los protocolos de control biométrico frente a las cámaras de seguridad. La fiscalía cuenta con registros audiovisuales que muestran a gendarmes realizando una puesta en escena para aparentar la revisión de documentos y huellas dactilares. El precio por permitir este tipo de ingreso ilícito sería de $60 mil, según la investigación.

Las pesquisas, que se extienden por al menos ocho meses, incluyen interceptaciones telefónicas, análisis patrimonial, levantamiento de secreto bancario, seguimientos e infiltración de testigos. Los delitos indagados abarcan hechos ocurridos entre 2023 y 2025, y configuran posibles ilícitos de cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El alcance del caso es particularmente crítico, ya que los 42 gendarmes representan cerca del 10% del total de funcionarios de la CAS Santiago 1. La investigación sostiene que no existe una estructura jerárquica única, sino múltiples grupos de funcionarios coludidos, que ofrecían distintos “servicios” a los internos, entre ellos el ingreso de sustancias ilícitas, el acceso a redes WiFi que evadían inhibidores de señal, cambios de módulo y hasta el uso de baños para encuentros sexuales.

Entre las tarifas detectadas por el Ministerio Público figuran cobros por teléfonos celulares que alcanzaban los $400 mil, alimentos básicos con precios inflados de manera exorbitante y el denominado “rescate” de celulares previamente incautados en allanamientos, cuyo costo podía superar el millón de pesos por módulo. También se detectó el sistema de “delivery”, mediante el cual gendarmes compraban productos o drogas fuera del penal y los ingresaban ocultos en su vestimenta.

La investigación también involucra a 31 “manilleros”, civiles que operaban en el exterior del penal como intermediarios, además de parejas de gendarmes y testaferros utilizados para ocultar el origen del dinero. En total, la fiscalía ordenó 77 allanamientos simultáneos en siete regiones del país, con un despliegue de 690 funcionarios de la PDI y Gendarmería, y diligencias en siete recintos penitenciarios, entre ellos Santiago 1, Santiago Sur, Punta Peuco, Colina 1, Biobío y Rancagua.

Según la información publicada por Ciper, esta red de corrupción habría facilitado la operación de organizaciones criminales transnacionales, incluyendo miembros del Tren de Aragua, permitiéndoles mantener contacto con el exterior y dirigir delitos como narcotráfico, secuestros, sicariato, extorsión y trata de personas desde el interior de la cárcel.

El origen de esta causa se remonta a abril de 2024, cuando un oficial de Gendarmería fue amenazado con disparos en su domicilio, luego de encabezar allanamientos que afectaron a internos ligados al crimen organizado. La fiscalía logró establecer que información personal del funcionario fue filtrada desde el interior del penal, presuntamente por colegas, lo que encendió las alarmas sobre la magnitud de la corrupción interna.

El propio Poder Judicial ya había advertido sobre esta situación. En un acta de visita al recinto, el juez Fernando Guzmán señaló un reconocimiento explícito de corrupción en Gendarmería, problemas de gobernanza, alta rotación de jefaturas y una presencia sistemática de celulares y redes ilegales dentro del penal.

La causa sigue en desarrollo y el Ministerio Público espera formalizar a los imputados tras los allanamientos realizados. Tal como consigna Ciper, se trata de una investigación penal en curso, por lo que las personas mencionadas no deben ser consideradas culpables hasta que exista una sentencia definitiva.